La economía de Hinds

Colocan a Venezuela como segundo país en riesgo de default

2011-01-08T09:00:00.000-08:00

La consultora británica CMA situó a Venezuela como el segundo país con mayor riesgo de entrar en default. La lista de naciones con más posibilidades de dejar de pagar su deuda soberana está encabezada por Grecia. Luego siguen Irlanda, Portugal, Argentina, Ucrania, España, Dubai, Hungría e Irak.

España y Hungría figuraron por primera vez entre los países más riesgosos en materia de pago de obligaciones. "Esto guarda relación con la deuda generada por la burbuja inmobiliaria, que aumentó en 50% el coste de protección frente a un default", según el informe sobre riesgo crediticio de CMA.

La firma agrega que los países más confiables en materia de deuda soberana son Finlandia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Dinamarca, Australia, Alemania y Arabia Saudita. Letonia, Abu Dhabi y Rumania figuraron entre las naciones que mejoraron más en el cuarto trimestre.

Bélgica, España, Alemania, Holanda y Francia, por el contrario, encabezaron la lista de los países que empeoraron más entre octubre y diciembre de 2010, lo que evidencia que la Unión Europea cerró uno de los años más difíciles para la región desde la introducción del euro en 1999, dijo CMA.

Insuficiente. El banco de inversión Barclays Capital, en tanto, aseguró que la devaluación ejecutada por el Gobierno el 30 de diciembre –que eliminó la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar– no bastará para mejorar las finanzas públicas. "Creemos que las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes y dejan el ajuste fiscal a medio camino".

La firma esperaba que las autoridades venezolanas combinarán la devaluación del bolívar con "una o más de estas tres medidas: aumento en la alícuota del impuesto al valor agregado, aplicación de nuevos tributos financieros y alza significativa en el precio de la gasolina".

El presidente Hugo Chávez descartó el martes el alza del IVA anunciada en diciembre y la posible aplicación de más impuestos. También dijo que no habrá incremento en las tarifas eléctricas.

Barclays calculó que la unificación del tipo de cambio de Cadivi dará al Gobierno ingresos adicionales por 23,5 millardos de bolívares. Una devaluación de la paridad del Sitme a 6,5 bolívares por dólar aportaría 11,6 millardos de bolívares más. Pero incluso en ese caso "no habría cambios en el déficit fiscal previsto para 2011 y 2012", agregó.

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Finiquitan acuerdo por expropiación de Cemex

2011-01-08T08:59:00.000-08:00

Un día después de que el tribunal del Banco Mundial dictaminó que Cemex puede invocar un tratado bilateral con Holanda por la expropiación de su filial en Venezuela, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias informó que está a punto de lograr un pacto con la empresa.

"Se viene trabajando para alcanzar un arreglo amistoso, que debe anunciarse en los próximos días", dijo el despacho en un comunicado, sin dar más detalles. Cemex es la única de las tres cementeras transnacionales expropiadas en 2008 con la que el Gobierno no ha logrado un convenio.

El ministerio negó que el dictamen sea una sentencia a Venezuela. "La decisión del tribunal no implica condena alguna contra nuestro país, ni se pronuncia sobre el fondo del asunto vinculado al ejercicio soberano del Estado sobre la ordenación de las empresas productoras de cemento".

Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, pero en octubre de 2009 dijo que estaba dispuesta a negociar con el Gobierno. Hace algunos meses, además, la Cancillería mexicana aseguró que promovería el diálogo entre las partes.

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La dependencia petrolera aumentó por octavo año consecutivo

2011-01-07T08:53:00.000-08:00

El crecimiento de 1,1% que registraron las exportaciones no petroleras –al pasar de 3,39 millardos de dólares en 2009 a 3,43 millardos de dólares en 2010, según el Banco Central de Venezuela– no impidió que su participación en el total de los envíos al exterior decreciese por octavo año consecutivo.

Los productos distintos al crudo y sus derivados representaron 5,3% de las exportaciones de 2010; mientras que en 2009 significaron 5,9% del total. La participación de las ventas no petroleras en los envíos venezolanos al exterior ha descendido cada año desde 2002, cuando se ubicó en 19,6%.

Hasta 2006 la disminución se debía exclusivamente al boom que mantuvo los precios del petróleo en niveles récord por casi cinco años, pues las también llamadas exportaciones no tradicionales crecieron a un promedio anual de 11% para subir de 5,25 millardos de dólares a 7,61 millardos de dólares.

A partir de 2007 la menor participación también está vinculada a una caída en términos nominales. Las exportaciones no petroleras retrocedieron 16,2% ese año, 5,7% en 2008 y 43,5% en 2009. En 2010 sumaron 3,43 millardos de dólares, menos de la mitad que en 2006.

En la medida en que las exportaciones no petroleras disminuyen su peso relativo aumenta la dependencia del país de las ventas de crudo y derivados. Los envíos de petróleo al exterior, que representaban 80,4% del total en 2002, crecieron hasta significar 94,7% el año pasado.

Contradicción. La mayor dependencia de las exportaciones de crudo y derivados que muestran las cifras del BCV contrasta con los anuncios gubernamentales de que el proceso de diversificación de la economía avanzó durante los últimos años.

Las autoridades resaltan que 70,8% de los ingresos corrientes del presupuesto de 2011 corresponde a la recaudación tributaria y 27,7% a la renta petrolera. Eso representa un avance con respecto a 2010, cuando la primera variable contribuía con 67,5% y la segunda con 31,8%.

Los economistas han advertido, sin embargo, que la proporción está afectada por la subestimación de los precios petroleros. Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en 121% al valor fijado por las autoridades para cada año.

En 2009 y 2010 también hubo subestimación. En los presupuestos de ambos años se fijó el precio del barril en 40 dólares, pero el promedio anual fue 57,08 dólares (42,7% por encima de lo previsto) en el primero y 72,43 dólares (81% más) en el segundo.

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Cemex podrá demandar al Gobierno en Holanda

2011-01-07T08:51:00.000-08:00

Cemex podrá demandar al Gobierno por el incumplimiento del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito en 1991 con Holanda, país donde están residenciadas las compañías a través de las cuales el consorcio mexicano poseía a su filial venezolana expropiada, según un fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, reconoció que las subsidiarias de Cemex en Holanda pueden invocar el tratado ante la expropiación ordenada por el presidente Hugo Chávez en junio de 2008. El Gobierno también tomó el control de las filiales en el país de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.

Los representantes venezolanos argumentaron ante el tribunal que las reclamaciones de Cemex debían ser rechazadas porque el convenio con Holanda excluye las inversiones indirectas, pero el juez Gilbert Guillaume y los árbitros Georges Abi-Saab y Robert von Mehren determinaron que el tratado sí incluye estas inversiones.

Cemex presentó la demanda en diciembre de 2008, luego de ser la única de las tres empresas expropiadas que no logró un acuerdo amistoso con las autoridades nacionales. La compañía mexicana exigía una compensación de 1,3 millardos por sus activos; mientras que el Gobierno estaba dispuesto a pagar 650 millones de dólares.

El dictamen judicial le permite a Cemex emprender acciones legales contra la expropiación en los tribunales holandeses. Se desconoce, sin embargo, si la compañía presentará una demanda en ese país, pues Chávez anunció hace cinco meses que había logrado un acuerdo.

"Aprobé una cantidad de millones de dólares para cancelar a la empresa trasnacional cementera", dijo el mandatario en septiembre. Chávez no ofreció más detalles del acuerdo con Cemex. Ni el Gobierno ni la compañía han declarado sobre el tema desde entonces.

El Gobierno acordó en 2009 pagar 552 millones de dólares a Holcim y 267 millones de dólares a Lafarge por la mayoría accionaria de sus filiales en Venezuela.

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Reincorporaron a más de 160 despedidos del Ministerio de Finanzas

2011-01-06T08:48:00.000-08:00

Las autoridades del Ministerio de Planificación y Finanzas revisan algunos de los despidos ordenados durante las últimas semanas de diciembre, informó Frank Carvallo, integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.

Carvallo precisó que entre 160 y 170 trabajadores despedidos en el proceso de reestructuración de la cartera dirigida por Jorge Giordani podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo en los próximos días o recibirán el beneficio de la jubilación especial.

Entre los casos que las autoridades revisaron se encuentran los de mujeres embarazadas y personas que estaban de reposo. También los de empleados que, aunque tenían más de 20 años de servicio en el ministerio, no llegaban a la edad requerida para la jubilación y por eso fueron despedidos.

"Mucha gente fue botada injustamente", dijo Carvallo al recordar que el número de despedidos o jubilados en las últimas semanas se acerca al millar. El sindicalista agradeció las gestiones del tesorero Alejandro Andrade y el viceministro Gustavo Hernández a favor de los trabajadores.

Publican reglas. La revisión de algunos de los despidos realizados no implica que se detenga la reestructuración del Ministerio de Planificación y Finanzas. El despacho dictó el martes, mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39585, la normativa mediante la cual se regulará el proceso.

La resolución otorga un período de un mes para que el ministerio reubique a los funcionarios de carrera despedidos durante el proceso de reestructuración. En el caso de que los cesanteados sean contratados u obreros, la normativa dice que no habrá beneficios más allá de los previstos en la Ley del Trabajo.

Carvallo indicó que los trabajadores del ministerio no se oponen al proceso de reestructuración, pero exigen que se haga de manera concertada, como establecen los contratos colectivos del Sindicato Nacional de Obreros Públicos y la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado.

Los sindicalistas también apelan al decreto de inamovilidad laboral vigente desde 2002 y prorrogado hace poco por el presidente Hugo Chávez hasta diciembre de 2011. "Queremos que se sienten con los trabajadores para llegar a los acuerdos que permitirán que el proceso de reestructuración que se llevará a cabo perjudique lo menos posible al personal".

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Ventas de época navideña no cubrieron expectativas

2011-01-04T08:44:00.000-08:00

Las ventas de la temporada navideña –la mejor época del año para el sector comercial– no cubrieron las expectativas que se tenían, aseguró el presidente de Consecomercio, Fernando Morgado.

Aunque el gremio todavía no tiene cifras consolidadas, porque los reportes sectoriales comenzarán a llegar la próxima semana, Morgado anticipó que el resultado será negativo para la mayoría de los rubros.

"Después del 20 de diciembre hubo un repunte en las ventas de jugueterías, supermercados y tiendas de ropa, pero el resto de los establecimientos comerciales no tuvo la misma suerte", dijo.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Víctor Maldonado, calculó la semana pasada una caída de entre 15% y 30% en las ventas decembrinas.

José Luis Pérez, encargado de la tienda Epk en Chacaíto, afirmó que las transacciones de la temporada navideña disminuyeron 20% en comparación con 2009, a pesar de la mejoría registrada desde mediados de diciembre.

Las rebajas. Los resultados negativos de la temporada no cambiaron los planes de comenzar el año con ofertas, como es tradicional. Epk, Fru fru y otras tiendas de ropa ofrecen descuentos de hasta 30%.

En la tienda Beco de Chacaíto hay largas colas para cancelar los productos. Las llamadas rebajas color naranja comenzaron el 1° de enero y durarán hasta el 23 o hasta agotarse la existencia.

El temor a que los precios aumenten por la devaluación ejecutada el 30 de diciembre y el alza del impuesto al valor agregado anunciada motivó a los consumidores a acudir al establecimiento para adquirir productos como electrodomésticos.

Las personas dijeron que, aunque las rebajas no satisfacen sus expectativas, prefieren comprar ahora. "Los descuentos eran mejores en años anteriores, pero en vista de la situación aproveché de comprar una licuadora y me ahorré 300 bolívares", dijo María Fernández, consumidora de Beco.

Escrito junto con Luzangelly Medina
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Comenzó reactivación de cupos de Internet

2011-01-04T08:35:00.000-08:00

La banca comenzó la reactivación de los cupos para compras por Internet, luego de que Cadivi suministró a las instituciones financieras la información sobre los usuarios que obtendrán la renovación automática para 2011, informó el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Juan Carlos Escotet, a través de su cuenta de Twitter.

"Cadivi enviará hoy a los operadores cambiarios información de los usuarios a los que se les reactivará automáticamente el cupo para compras por Internet", dijo Escotet. Agregó que las personas podían comenzar a utilizar su tarjeta de crédito desde ayer, siempre y cuando no estuviese sobregirada ni bloqueada, aunque recomendó revisar primero la página web del organismo o del banco.

El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, confirmó que el cupo de Internet se renovará de manera automática para todas aquellas personas que lo solicitaron en 2010, por lo cual no será necesario realizar una nueva petición ante los operadores cambiarios. Informó, en el programa Despertó Venezuela de VTV, que el monto permanecerá en 400 dólares anuales.

En el caso del cupo de viajero, se mantendrá el proceso implantado el año pasado. Es decir, la persona deberá realizar la solicitud cada vez que vaya a realizar un viaje y proporcionar los datos sobre el destino y la duración para que Cadivi le asigne divisas de acuerdo con el lugar y el tiempo de estadía.

Actualización. Cadivi también inició ayer el proceso de actualización de las personas jurídicas inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, según lo establecido en la providencia 106 del organismo, publicada hace un mes en la Gaceta Oficial 39566.

"A partir de hoy entra en vigencia esta providencia, que no es otra cosa que un mecanismo mucho más robusto que el inicialmente propuesto para el registro de las personas jurídicas en el sistema de administración de divisas", declaró Barroso en VTV.

Las empresas tendrán plazo hasta el 3 de marzo de 2011 para actualizar sus datos en el registro. El proceso incluye el suministro de datos a través de la página web de Cadivi y la presentación de los recaudos exigidos por el organismo ante el operador cambiario correspondiente.

Para obtener información sobre los recaudos se pueden consultar la providencia 106 y el instructivo con los pasos a seguir durante la jornada de actualización de datos de las personas jurídicas inscritas en el registro. Ambos documentos están disponibles en la página web de Cadivi.

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Los alimentos regulados deberán subir hasta 35% por devaluación

2011-01-02T08:31:00.000-08:00

La decisión gubernamental de devaluar en 65% el tipo de cambio de 2,6 bolívares por dólar –que servía para importar alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad– obligará al Gobierno a revisar el control de precios, debido al impacto de la medida en la estructura de costos de las empresas que producen los bienes sometidos a regulación.

El ajuste a realizar en cada rubro depende de la cantidad de materia prima y de insumos importados necesarios para fabricarlo, pero economistas calculan que el precio de los alimentos controlados aumentará entre 20% y 35% como consecuencia de la devaluación, que eliminó la tasa preferencial y unificó el tipo de cambio en 4,3 bolívares por dólar.

El problema está en cuándo las autoridades tomarán la decisión. "Hay que ver la disposición del Gobierno a modificar los precios. Quizás tardará unos meses, como hizo en 2010, pero al final tendrá que autorizar los incrementos cuando la situación sea insostenible para las empresas", dijo una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva.

La devaluación y el aumento de los precios controlados añadirán entre 5 y 6 puntos adicionales a la inflación de 2011, calculó la fuente. Eso hará que la variación del índice nacional de precios al consumidor se acelere más de lo previsto –el Gobierno fijó una meta de entre 23% y 25% en el presupuesto de la nación– el próximo año.

Ya en 2010 hubo una aceleración de la inflación. El índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 26,9%, según el mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. La cifra supera en 1,8 puntos porcentuales al aumento de 25,1% que registraron los bienes y servicios durante 2009.

El ajuste cambiario ejecutado por el Gobierno en enero de 2010 que sustituyó la cotización única de 2,15 bolívares por dólar por el régimen dual con tasas de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar figuró entre las principales causas del alza de la inflación, que se produjo a pesar de que el país continuó en recesión, fenómeno que suele estar asociado con períodos de estabilidad de precios.

Meta incumplida. La recuperación prometida por el Gobierno para este año nunca llegó. Los problemas con el suministro eléctrico, el cierre del mercado paralelo de divisas, los cambios en el marco legal y la continuación de la política de expropiación de empresas e intervención de tierras, entre otros factores, mantuvieron a la economía en recesión durante 2010.

Las cifras del BCV muestran que el producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un período determinado– cayó 1,9% en el año. El resultado es positivo comparado con la contracción de 3,3% en 2009, pero negativo frente a la meta de crecimiento de 0,5% fijada por el Gobierno en el presupuesto.

El economista Domingo Sifontes, profesor de la Universidad de Carabobo, dijo que lo más grave es que la recesión siguió a pesar del repunte del precio del petróleo. "En 2007, con el crudo venezolano a 64 dólares, la economía creció 8,2%. Ahora, con un valor similar, hay una contracción. El efecto multiplicador de la renta petrolera ha disminuido".

La contracción del PIB está asociada a los retrocesos en el consumo y la inversión. El primero registró una caída de 2,8% en 2010 –apenas mejor que el mostrado el año pasado, cuando retrocedió 3,2%– porque la devaluación y la inflación mermaron el poder adquisitivo de los venezolanos.

La inversión detuvo su racha negativa en el tercer trimestre, pero aun así acumuló una caída de 4,8% en el año. Economistas y empresarios han advertido que la inseguridad jurídica y la inestabilidad política impiden la llegada de recursos frescos.

Un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe señaló que la caída del PIB en Venezuela colocó al país junto con Haití que sufrió un terremoto, un huracán y una epidemia de cólera como los únicos de la región que no crecieron en 2010.

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Indepabis cerró 3.000 empresas en el año 2010

2010-12-31T08:27:00.000-08:00

Las fiscalizaciones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios provocaron la imposición de medidas de cierre temporal a 3.000 empresas y de multas pecuniarias a más de 14.000 compañías, informó el ministro de Comercio, Richard Canán, al hacer un resumen de la actuación de ese despacho y sus organismos adscritos en 2010.

Canán indicó que la mayoría de los cierres y las multas fueron para empresas que incumplían las regulaciones de precios impuestas por el Gobierno para bienes y servicios considerados de primera necesidad. Agregó que el Indepabis practicó 337 comisos de mercancías, en los que incautó 5.000 toneladas, especialmente de alimentos.

Sobre la resolución publicada en la Gaceta Oficial del miércoles, que obliga a quienes alquilan habitaciones a registrarse ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, Canán dijo que el objetivo es realizar un censo de pensiones y otros establecimientos de hospedaje para identificar las condiciones que ofrecen a quienes habitan.

Canán ofreció sus declaraciones desde la feria navideña socialista realizada en la plaza Andrés Bello de Caracas. El Ministerio de Comercio colocó –a través de 49 establecimientos de este tipo en todo el país– más de 348.000 juguetes a precios entre 60% y 70% más bajos que en las tiendas privadas, según el funcionario.

Consolidación. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que durante 2010 el Gobierno logró consolidar la estructura de almacenamiento y distribución de comida. Lo mismo consiguió con la llamada reserva estratégica, formada por 692.500 toneladas de alimentos que se mantienen en constante rotación para garantizar su buen estado, dijo.

Agregó que en los 19.000 establecimientos que integran hoy las redes de comercialización estatales
–Bicentenario, Comerso, Mercal, Pdval– se distribuyeron 2,4 millones de toneladas de alimentos durante 2010, para un promedio de 170.000 toneladas al mes. Recordó que, en el caso de Mercal, los productos se comercializan con entre 40% y 50% de descuento.

Las 4.087 ferias navideñas socialistas realizadas en el país entre noviembre y diciembre, en tanto, sirvieron para distribuir 12.000 toneladas de ingredientes para la elaboración de las hallacas y 7.000 toneladas de pernil.

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Habitaciones alquiladas deberán ser registradas ante el Gobierno

2010-12-30T08:24:00.000-08:00

Las personas que alquilan hospedajes, piezas en casa de vecindad, habitaciones en casas particulares o cualquier otra porción de un inmueble arrendado por partes para ser habitado tendrán que registrarse a partir de ahora en la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial 39582.

Los propietarios deberán informar al organismo gubernamental los datos del inmueble, la identificación de arrendador y arrendatario, la fecha de inicio de la relación, el canon de arrendamiento, el número de habitaciones y los servicios que ofrece, precisa el artículo 2 de la resolución 123, publicada de manera conjunta por los ministerios de Comercio y Vivienda.

La Dirección de Inquilinato otorgará un certificado de registro e inspeccionará periódicamente los inmuebles para verificar que cuenten con las condiciones de higiene y seguridad que garanticen una vida digna. La fiscalización, en la que también participará el Indepabis, podrá hacerse "con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario".

Los arrendadores que infrinjan la resolución u obstaculicen las actuaciones de los funcionarios adscritos a los organismos reguladores serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y demás normas aplicables.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, considera válido que el Gobierno quiera llevar un registro de las piezas alquiladas, pero advierte que la medida generará más incertidumbre en el mercado de arrendamiento. "La pregunta es cuál será el objetivo, para qué se utilizará la información".

La resolución llega 10 días después de que el presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno estaba dispuesto a alquilar inmuebles para las familias damnificadas por las lluvias. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, declaró ayer en la mañana en VTV que el Estado trabajaba en la elaboración de una propuesta que permitiera concretar el anuncio del mandatario.

Molina aseguró que el objetivo gubernamental es poner orden en el mercado de arrendamiento para que no haya especulación con los precios. Martini indicó que ese tipo de declaraciones son las que causan más incertidumbre. "Es un problema cuando los funcionarios empiezan a decir que pagarán un valor justo, porque quién define eso".

Raimundo Orta Poleo, coordinador de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, considera que la resolución forma parte de las medidas gubernamentales contra el mercado inmobiliario y la propiedad privada. "Viene a apoyar, por ejemplo, la toma de pensiones en Caracas por consejos comunales".

Indicó que pensiones, hospedajes y casas de vecindad han cumplido la misión de alojar a personas de escasos recursos ante la imposibilidad del Gobierno de construir las viviendas que necesita el país.

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Los trabajadores de Min-Finanzas siguen protesta

2010-12-29T08:19:00.000-08:00

Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas mantienen la protesta en la sede del despacho contra el despido masivo de 600 personas, entre contratados y fijos, como parte del proceso de reestructuración iniciado por la fusión en febrero de 2010 de las antiguas carteras de Economía y Finanzas y Planificación y Desarrollo.

Luis Manuel Zavala, presidente del Sindicato Nacional de Obreros Públicos del Ministerio de Planifi cación y Finanzas, informó que ayer continuaron los despidos y también las jubilaciones especiales, que los movimientos sindicales rechazan porque no son consultadas con los empleados y ofrecen condiciones desfavorables para el retiro.

Zavala agregó que el lunes en la noche se enteraron de la existencia de una mesa de diálogo promovida por las autoridades, pero que fue imposible instalarla porque el jefe de seguridad del despacho dijo que no podía garantizar la protección de los funcionarios debido a que los trabajadores que protestaban contra los despidos tenían una actitud violenta.

Lo que sí lograron los empleados fue reunirse con el viceministro Ricardo Ríos, aunque sin obtener resultados concretos. "Al menos nos dio la cara y conversó con nosotros", indicó Zavala. El dirigente sindical se mostró optimista sobre una posible solución al conflicto. "No será rápido, pero creo que se dará".

Otros representantes de los trabajadores que se mantienen en el edificio anexo son menos optimistas. Aseguran que el Poder Ejecutivo no apoya los despidos realizados en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero que difícilmente revierta la medida porque el presidente Hugo Chávez no quiere desautorizar al ministro Jorge Giordani.

Los cinco sindicatos que hacen vida en el despacho preparan un documento que harán llegar a la Presidencia en los próximos días. Zavala informó que mantendrán reuniones constantes con los trabajadores para definir otras acciones que puedan tomarse para rechazar el despido masivo.

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Seguros Federal aportará 0,7% del mercado al sistema público

2010-12-29T08:16:00.000-08:00

El Gobierno ordenó la adquisición forzosa de Seguros Federal, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 39580 del 23 de diciembre, para "coadyuvar en la prestación del sistema público nacional de salud". No obstante, la empresa –parte del grupo financiero de Nelson Mezerhane, intervenido en julio– aportará poco al entramado asegurador estatal.

Seguros Federal acumuló primas cobradas por 195,8 millones de bolívares durante los primeros 10 meses del año, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, lo cual le otorga una participación de mercado de 0,7%. Además, la firma presentaba problemas que ocasionaron pérdidas por 48,3 millones de bolívares entre enero y octubre.

El sistema asegurador público está integrado, hasta ahora, por las compañías Horizonte y La Previsora que, en conjunto, sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas al cierre de 2009. Para ese momento, la cifra representaba 17,7% del mercado y superaba lo obtenido por cualquier otra compañía del sector.

El crecimiento del sistema público durante 2010 es imposible de determinar porque La Previsora no ha publicado balances desde que fue expropiada por el Gobierno. De Horizonte se conoce que hasta octubre ocupa el cuarto lugar del mercado en primas cobradas con 1,9 millardos de bolívares y el noveno puesto en ganancias con 33,7 millones de bolívares.

Analistas han advertido que la incursión gubernamental en el sector puede ser peligrosa. El problema –dicen– es que las compañías oficiales, sin presión por obtener ganancias, pueden ofrecer precios por debajo del costo y competir de manera desleal con las privadas. Otro riesgo es la tradicional ineficiencia estatal en la administración de empresas.

Las autoridades mantienen intervenidas otras tres empresas de seguros: Banvalor, Premier y Universitas.

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Empleados de Min-Finanzas toman la sede en protesta por despidos

2010-12-28T08:13:00.000-08:00

Los trabajadores del Ministerio de Planificación y Finanzas tomaron la sede del despacho, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, en protesta por el despido de 600 personas en la víspera de Navidad y la posible desincorporación de 600 más en los próximos días.

Los empleados también rechazan el otorgamiento de jubilaciones obligatorias en condiciones desfavorables. "Pretenden jubilar a las personas con menos de 50% del sueldo. A una señora que ganaba casi 3.000 bolívares le ofrecieron el salario mínimo de pensión", denunció Frank Carvallo, representante sindical.

Los despidos y las jubilaciones forman parte del proceso de reestructuración iniciado por el ministro Jorge Giordani en febrero de este año, tras la decisión presidencial de fusionar los antiguos despachos de Economía y Finanzas, y Planificación y Desarrollo.

Carvallo señaló que al tomar estas medidas las autoridades incumplieron el convenio firmado con el sindicato para informar cualquier decisión relacionada con el proceso de reestructuración del ministerio que pudiese perjudicar a los trabajadores.

Agregó que la decisión se contradice con el decreto de inamovilidad laboral para los empleados privados y públicos, vigente desde 2002, y que el presidente Hugo Chávez prorrogó recientemente por décima ocasión consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2011. También dijo que los despidos violan la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas de protección laboral, porque entre los empleados cesanteados en la última semana hay mujeres embarazadas o recién paridas y personas que estaban de reposo médico.

En la lista de trabajadores desincorporados figuran por igual personal contratado y nómina fija con más de 20 años de servicio. Muchos, de hecho, pensaban que recibirían una jubilación especial y en lugar de eso obtuvieron una carta de despido.

Protesta indefinida. Los empleados del Ministerio de Planificación y Finanzas aseguraron que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta satisfactoria a sus reclamos laborales. "Aquí no entrará ni saldrá nadie hasta que no haya una decisión por parte del Estado", dijo Carvallo.

Hasta ayer en la tarde el único contacto de los manifestantes fue con el Jefe de Seguridad del despacho, quien les planteó reuniones individuales para que cada trabajador afectado presentará su caso a las autoridades. Pero la propuesta fue rechazada.

La medida de protesta es promovida por la Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, el Sindicato Nacional de Obreros Públicos y el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado. También cuenta con el apoyo de la Asociación Sindical de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Finanzas.

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Gobierno usará multas para regular Internet

2010-12-22T08:02:00.000-08:00

La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y ahora también Medios Electrónicos, según el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional obligará a los proveedores de servicios de Internet y difusión por suscripción a restringir el acceso a sitios web, emisoras o canales que transmitan mensajes prohibidos por la normativa, so pena de multas de hasta 10% de los ingresos brutos del año anterior.

"Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias", dice el artículo 28.

El primer numeral del artículo 29 castiga con multas de 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas continuas la difusión de mensajes que promuevan la alteración del orden público, el delito, la discriminación, la intolerancia y el odio o que usen el anonimato, hagan propaganda de guerra, fomenten la zozobra y desconozcan las autoridades legítimas.

De esta manera, el Gobierno apela al factor económico-financiero para regular indirectamente los contenidos difundidos en el ciberespacio y transmitidos a través de canales pagos. "Prácticamente delega la responsabilidad de controlar los mensajes a los proveedores del servicio, que se exponen a sanciones severas si no lo hacen", expresa el abogado constitucionalista Ricardo Antela.

Una multa de 10% de los ingresos brutos representa una cuarta parte de la ganancia de una empresa grande como Movistar, que provee telefonía móvil, Internet y TV por suscripción. De acuerdo con los resultados de las operaciones de Telefónica, casa matriz de Movistar, la filial de la compañía española tuvo un margen de utilidad de 46,8% entre enero y septiembre de 2010. El impacto es aún mayor para compañías más pequeñas.

Corresponsabilidad. Antela señala que al castigar al proveedor del servicio por los mensajes con contenidos prohibidos que circulen por Internet u otros medios electrónicos se quita la responsabilidad al autor ya sea twitero, forista de algún portal web o cualquier persona que escriba un correo electrónico para hacerla recaer en un tercero.

"La reforma de la legislación que aprobó la Asamblea Nacional permitirá que los proveedores de medios electrónicos sean castigados por algo de lo que no son responsables. Será algo así como sancionar al concesionario que le vendió a alguien el vehículo con el que posteriormente atropelló a una persona", argumenta.

La disposición llevará a que los proveedores, para evitar multas, establezcan mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y censurar aquellos mensajes que pudieran ser interpretados como violatorios de la ley. "Estarían ejerciendo la censura previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución", advierte.

Gilbert Minionis, presidente de Net Uno –empresa que ofrece televisión paga, Internet y telefonía fija–, califica de exabrupto que los proveedores de servicios tengan la responsabilidad de regular los contenidos. "Esa es una de las cosas que creo deben modificarse", agrega.

Minionis afirma que luego de la reforma de la ley, Net Uno no censurará contenidos porque es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el órgano regulador establecido en la legislación venezolana y, por ende, el que debe ejercer el papel de censor.

"Cuando Conatel ve algo fuera del margen de la ley nos lo comunica (incluso hasta de manera informal porque tenemos buenas relaciones) y nosotros cumplimos las instrucciones.Conatel es el organismo que tiene los recursos para seguir regulando los mensajes", refiere el presidente de Net Uno.

Además de aclarar que a la empresa no es a la que le toca vigilar los mensajes, Minionis afirma que la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. "Nosotros no podemos tener a alguien ahí mirando todos los días 100 canales, para ver quién dice qué cosa".

Apunta que ejercer esa función se traduciría en un aumento de tarifas. "Para cumplir esa medida deberé contratar una pila de gente en todas las ciudades en las que estamos presentes para que estén mirando las emisoras todo el tiempo. La consecuencia de esta disposición la pagará el suscriptor", alega el presidente de Net Uno, empresa que presta servicios en Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, San Cristóbal y Valencia; ciudades que concentran 70% del mercado de telecomunicaciones nacional.

La Cámara de Comercio Electrónico, en un comunicado, expresó su más profundo rechazo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por parte de la Asamblea Nacional. El gremio advierte que responsabilizar al proveedor de servicio por los contenidos que emita, "causará inevitablemente el establecimiento de la autocensura, de la censura previa por parte de los medios y del bloqueo de numerosas páginas y servicios de información y opinión de usuarios al no poder los proveedores controlar el tipo de mensajes".

Multas in crescendo. Un informe del bufete Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega y Ortiz advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también incluye un aumento de los supuestos castigados y de los montos de las sanciones.

Hay multas de entre 1% y 2% de los ingresos brutos por incumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad, de la obligación de publicar guías de programación y del deber de anunciar el tipo de programa y de elementos clasificados al inicio de cada espacio, entre otros.

El monto de las sanciones se incrementa hasta entre 3% y 4% de los ingresos brutos cuando las faltas de los prestadores de servicio estén vinculadas con difusión en horario todo usuario o en horario supervisado de mensajes que no se correspondan.

Eso incluye imágenes de violencia real en programas informativos, mensajes en los que niños y adolescentes actúen utilizando lenguaje y actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad; y publicidad de loterías y juegos de envite y azar.

También serán penados con una multa de entre 3% y 4% de los ingresos brutos los proveedores que difundan publicidad anónima o que no identifiquen claramente el bien o servicio y que ocupen más de 50% del tiempo publicitario con anuncias de grandes empresas o compañías del Estado.

Otros supuestos castigados con esta sanción son los incumplimientos en la presentación de los informes mensuales exigidos, el suministro al suscriptor de facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales y la aplicación de mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes.

Para todas las multas se establece un recargo de 50% del monto por pagar en los casos de reincidencia. La excepción es la sanción equivalente a 10% de los ingresos brutos o suspensión por 72 horas, reservada para las faltas más graves. En ese caso, la pena por incurrir más de una vez en el supuesto prohibido puede ser la revocatoria de la concesión.

Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo
Publicado en El Nacional

Gobierno obligará a las empresas familiares a impulsar el socialismo

2010-12-19T07:54:00.000-08:00

Para rechazar las acusaciones de los sectores empresariales y opositores sobre la intención gubernamental de suprimir la propiedad privada garantizada por la Constitución, los voceros oficialistas suelen argumentar que las medidas del presidente Chávez están dirigidas contra las grandes empresas capitalistas y no contra las pequeñas compañías comunitarias o familiares.

La subsistencia de estas empresas, sin embargo, está condicionada. La Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal –aprobada por la Asamblea Nacional esta semana– consagra la existencia de unidades productivas familiares, pero exige que contribuyan con los esfuerzos gubernamentales por sustituir el modelo de producción capitalista.

Las organizaciones socioproductivas permitidas en el sistema económico comunal son las empresas de propiedad social directa (pertenecientes a la comunidad) o indirecta (adscritas al Estado), las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, según el artículo 9 de la legislación.

El artículo 11 dice que todas las organizaciones socioproductivas deben orientar sus proyectos a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, reinvertir socialmente los excedentes, participar activamente en las brigadas de trabajo socialistas y garantizar un modelo de gestión regido por los principios de la democracia revolucionaria.

El artículo 15 establece la ética socialista y la participación en los programas de formación ideológica del Gobierno como requisitos para participar en una organización socioproductiva. El 17 indica que el primer deber de los integrantes de estas unidades es el de "contribuir con la transformación del modelo de producción tradicional hacia uno con orientación socialista".

"Esta ley, así como las otras normativas del llamado poder popular, se caracteriza por ser muy ideológica", advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Agrega que el sistema económico comunal es un eufemismo para dejar de lado la empresa privada.

Maldonado acusa al Gobierno de querer ejecutar un modelo comunista que contraviene la Constitución. "El sistema comunal genera mecanismos de intromisión en la vida privada de la gente y en el funcionamiento de las comunidades. No es posible que haya instancia con atribuciones para decidir el tipo de unidades productivas que pueden surgir".

Señala que a diferencia de las compañías privadas, que deben invertir capital para desarrollar su actividad, las unidades productivas que formarán el sistema comunal dependerán del dinero del Gobierno. "Son expresiones de la renta petrolera, empresas que serán subsidiadas por el presupuesto nacional y que perderán sentido cuando dejen de recibir recursos del Estado".

El economista Humberto García Larralde también considera que las unidades productivas del sistema económico comunal son inviables sin el subsidio gubernamental. "La única manera de que una empresa pequeña se sostenga es que esté guiada por el principio de rentabilidad. Esa concepción basada en valores socialistas no tiene ningún sentido".

Precisamente por el carácter inviable de las iniciativas promovidas por el Gobierno, García Larralde no cree que éstas sean una amenaza para las pequeñas empresas –familiares o no– que existen actualmente. "A menos que las autoridades establezcan mecanismos de discriminación en materia de acceso al financiamiento, contratación con el Estado y otras facilidades".

La legislación establece esos mecanismos. Las unidades socioproductivas de las comunas estarán exoneradas del pago de todo tipo de tributos nacionales, tendrán preferencia en las contrataciones públicas y podrán acceder a programas de reestructuración de deuda "en caso de situaciones sobrevenidas no imputables" a su actividad.

Gobierno ordena liquidación de Banvalor y Positiva

2010-12-17T07:51:00.000-08:00

La Superintendencia Nacional de Valores ordenó la liquidación de la casa de bolsa Banvalor y la sociedad de corretaje Positiva, además de la intervención con cese de operaciones de la compañía bursátil Humboldt, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574.

La liquidación de Banvalor y Positiva –intervenidas desde mayo– se decidió porque el organismo determinó que ambas empresas incumplieron de manera reiterada la Ley de Mercado de Capitales y las demás normas que rigen la actividad de los corredores de títulos valores.

La intervención de Humboldt se produjo por efectuar operaciones de permuta de bonos no registradas en la contabilidad de la casa de bolsa y por el registro de pérdidas por 5,2 millones de bolívares asociadas a venta de títulos valores sin contar con los soportes contables.

La Superintendencia también publicó las normas de funcionamiento del registro nacional de valores y las cajas de valores, así como las reglas sobre la información económica y financiera que deben suministrar las personas sometidas al control del organismo.

Multas. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora multó cinco compañías de seguros por incumplir disposiciones legales relacionadas con el pago de indemnizaciones a los clientes o la realización de publicidad.

Las multas van entre 20.650 bolívares y 48.800 bolívares, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39574, y obedecen en su mayoría a indemnizaciones no canceladas o pagadas con retraso.

Las sanciones no se deben a la nueva ley, que entró en vigencia en julio, pues los sucesos ocurrieron antes de esa fecha. Las compañías multadas tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.

Publicado en El Nacional

Ministerio de Finanzas prepara ley del impuesto al débito bancario

2010-12-16T07:46:00.000-08:00

El Ministerio de Planificación y Finanzas prepara la ley para la aplicación del impuesto al débito bancario, en el grupo de las normativas que formarán parte de la Ley Habilitante, solicitada por el Ejecutivo el martes y que pudiera ser aprobada hoy por la Asamblea Nacional.

El tributo, que pechará todas las transacciones financieras que se hagan a través de la banca, se une al conjunto de medidas económicas que implementará el Gobierno a causa de la emergencia nacional creada por las lluvias.

Los técnicos del despacho dirigido por el ministro Jorge Giordani calculan la alícuota que deberá ser cobrada por las operaciones; así como cuáles transacciones quedarán exentas del pago del tributo, dijo una fuente ministerial.

Se espera, según se informó, que todo el paquete de leyes económicas que serán aprobadas y promulgadas por el presidente Hugo Chávez, gracias a los poderes especiales que le otorgará el Parlamento, esté listo antes de que se inicie 2011.

La fuente señaló que el Gobierno trata de adelantarse a la caída de los ingresos que se prevé para el próximo año, que llevó a Giordani a mencionar la necesidad de adelantar una reforma tributaria durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional. "La emergencia es el escenario perfecto para tener la excusa de aumentar los impuestos", expresó.

El ministerio, junto con el Seniat, ha analizado desde hace varias semanas la posibilidad de imponer el IDB o el impuesto a las transacciones financieras. No obstante, se tomó la decisión de implementar el primero dada la experiencia que existe para su recaudación.

Más recesión. El economista Ricardo Villasmil señaló que es contradictorio aumentar los impuestos para atender la emergencia por las lluvias. "Es difícil justificar la imposición de una mayor carga tributaria a la gente. Es momento de hacer transferencias a las personas afectadas y no de quitarles dinero", dijo.

José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se pregunta por qué el Gobierno no tiene recursos para atender la emergencia. "Me temo que la razón es que la plata se la gastaron en otras cosas: expropiar empresas, transferir recursos al exterior".

Sobre el argumento de que la alícuota actual del impuesto al valor agregado (12%) es muy baja con relación a otros países y por eso se puede aumentar, esgrimido por Chávez para justificar la medida, los economistas dijeron que tampoco es válido.

"Venezuela tiene la renta que genera el crudo y no puede compararse con otros países de la región que no cuentan con una fuente de ingresos como esa", dijo Villasmil. "En todos los países petroleros los impuestos suelen ser más bajos", agregó Guerra.

Más allá de cuáles sean las razones para incrementar el IVA, los economistas coinciden en que la medida tendrá un efecto recesivo. Villasmil aseguró que el alza del tributo reducirá aún más el consumo, que acumula seis trimestres consecutivos de contracción.

Guerra afirmó que lo peor que se puede hacer en una economía en recesión es subir los impuestos. Recordó que en el incremento del IVA y la reducción del gasto en marzo de 2009 aceleraron la contracción del producto interno bruto, que desde entonces no ha crecido.

Escrito junto con Blanca Vera Azaf
Publicado en El Nacional

Obreros de El Encantado exigieron pago de pasivos

2010-12-16T07:43:00.000-08:00

Obreros del conjunto residencial El Encantado, expropiado por el Gobierno en noviembre, trancaron ayer la avenida Francisco de Miranda frente a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao para protestar contra el retraso en la cancelación de reivindicaciones laborales.

Los trabajadores aseguraron que la junta interventora del conjunto, aunque ha cancelado el salario semanal, incumplió el compromiso de honrar los otros pasivos laborales (ticket alimento, horas extras, prestaciones y utilidades) el 30 de noviembre y también la prórroga que se venció ayer.

Néstor Esparza afirmó que antes de la expropiación nunca tuvieron problemas con el pago. "La constructora privada siempre nos cancelaba a tiempo. Ahora todas las semanas nos pagan con retraso el viernes en la tarde o el sábado y nos deben los beneficios".

Calculó que el monto adeudado a cada obrero varía entre 25.000 y 50.000 bolívares, dependiendo de la antigüedad. "Somos 650 trabajadores afectados. La junta interventora dijo que había 7 millardos en caja para asumir los compromisos laborales, no entendemos por qué no lo han hecho".

Herbin Moreno aseguró que la demora en los pagos es injusto porque ellos han cumplido con sus labores e incluso han trabajado horas extras a petición de la junta interventora para acelerar la construcción del conjunto residencial. "Desde la expropiación se han entregado más de 50 apartamentos".

Moreno denunció que la encargada de la junta interventora ignoró los reclamos de los obreros y amenazó con llamar al Ministerio del Trabajo para aplicarles la cláusula de abandono del puesto si salían a manifestar.

Cambio de mando. El Ministerio de Vivienda y Hábitat designó las juntas administradoras de los conjuntos residenciales El Encantado, El Fortín, Lomas de la Hacienda, Mata Linda y San Antonio mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 39573.

Las juntas se encargarán de los actos administrativos necesarios para mantener la continuidad de las obras incluidos pagos a obreros y proveedores y para otorgar la propiedad de las viviendas culminadas, según las resoluciones. Cada mes deberán presentar un informe de gestión al ministerio.

Publicado en El Nacional

Gobierno evalúa incrementar alícuota del IVA hasta 14%

2010-12-15T07:18:00.000-08:00

El aumento del impuesto al valor agregado –anunciado por el presidente Hugo Chávez como parte de las medidas que tomará en la Ley Habilitante que solicitó a la Asamblea Nacional– causará una caída del consumo y puede prolongar la recesión económica, según especialistas.

Fuentes gubernamentales indicaron que la alícuota del IVA se incrementaría en 2 puntos para quedar en 14%. Eso permitiría al Fisco contar con ingresos adicionales por 10 millardos de bolívares, según los cálculos del mandatario, que afirmó que obtendrá 5 millardos de bolívares por cada punto que suba.

Para el consumidor, sin embargo, la medida significará una caída de 1,8% en el poder adquisitivo. Con la cuota actual de 12%, una persona que gana el sueldo mínimo de 1.223 bolívares compra bienes por 1.092 bolívares y paga 131 bolívares de IVA. Con la tasa de 14%, cancelará 1.072,8 bolívares por el consumo y 150,2 bolívares por el impuesto.

"El principal impacto del aumento es que deja menos ingreso disponible para la gente. Eso ocasionará un descenso del consumo", expresó el asesor financiero Henkel García. "La medida limitará la capacidad de compra del consumidor, que destinará un mayor porcentaje de lo que gasta al pago del impuesto", añadió el economista Pedro Palma.

Ambos coinciden en que el efecto del incremento del tributo sobre la inflación es limitado. "Tendrá una consecuencia puntual: un alza en el índice de precios del mes en que comience a aplicarse la nueva alícuota", afirmó Palma. "No provocará un aumento significativo", señaló García.

La consecuencia sobre el desempeño económico es más amplia. Palma indicó que la caída del consumo puede prolongar la contracción del producto interno bruto. García dijo que el efecto dependerá de lo que haga el Gobierno con la recaudación adicional. "Si la devuelve a la economía vía gasto público no pasará nada, pero si no lo hace tendrá un efecto recesivo".

Recursos limitados. Chávez ha modificado la alícuota del IVA 9 veces durante su mandato. Entre 1999 y 2000 la redujo de 16% a 14,5%. Entre 2001 y 2002 la subió a 16,5% por la caída del precio del petróleo y los conflictos políticos. Luego vino la bonanza de 2004-2008 y la bajó a un mínimo de 9%.

El valor del crudo volvió a caer a finales de 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y el Presidente recurrió otra vez al aumento del IVA –esta vez a 12%– en marzo de 2009. Ahora, con el argumento de que necesita recursos para atender la emergencia por las lluvias, propone incrementarlo otra vez.

Palma considera que el aumento del IVA, sumado al ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos meses, refleja que los recursos del Gobierno son limitados. "El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay en los fondos parafiscales como el Fonden".

García recuerda que los economistas plantean dos escenarios. Uno es que el Gobierno se está aprovisionando de recursos para afrontar las elecciones presidenciales de 2012. El otro es que la escasez de divisas necesarias para el funcionamiento de la economía es más profunda de lo que se piensa.

El Presidente legislará sobre alquiler y preventa de vivienda

2010-12-14T07:08:00.000-08:00

El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentado por el Gobierno para atender la situación causada por las lluvias de las últimas semanas, no será el único que pasará al Poder Ejecutivo gracias a la Ley Habilitante que el presidente Hugo Chávez solicitó el sábado y que la Asamblea Nacional prevé aprobar esta semana.

El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, aseguró que las tres legislaciones relacionadas con vivienda, que estaban pendientes en esa instancia, quedarán en manos del primer mandatario. Eso incluye el proyecto de ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

El informe para segunda discusión del proyecto de ley de preventa –aprobado en primera instancia en enero de 2010– recibió el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos el 10 de noviembre, pero la directiva del Parlamento nunca lo incluyó en la agenda de la plenaria porque estaba a la espera de la propuesta legal que presentaría el Ejecutivo.

Gamargo aclaró que el proyecto de ley de emergencia introducido por el Gobierno, aunque contiene disposiciones relacionadas con las transacciones de inmuebles en construcción, se refiere solamente a viviendas de interés social. Por tanto, el proyecto de ley de preventa que abarca todo el mercado inmobiliario sigue en pie.

La reforma de la Ley de Arrendamientos, en tanto, está pendiente desde 2007, cuando fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Chávez pidió en varias ocasiones que la modificación incluyese un mecanismo para que los inquilinos con más de 20 años puedan comprar el inmueble donde viven, pero ningún papel de trabajo incorporó la idea.

Agenda por definir. En las otras comisiones vinculadas con el área económica no tienen tan claro si las normas que están en discusión serán aprobadas en lo que queda del período parlamentario actual –los diputados electos en septiembre asumirán el 5 de enero– o pasarán al Poder Ejecutivo para que las sancione dentro de la Ley Habilitante.

El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que el objetivo de esa instancia es presentar el informe para segunda discusión en plenaria del proyecto de ley de instituciones del sector bancario –que sustituirá la Ley General de Bancos– en los próximos días, para que la normativa sea sancionada por la Asamblea Nacional.

Sanguino no descartó, sin embargo, que la propuesta legal sea enviada al Ejecutivo en caso de que no se logre el objetivo de aprobarla en el período parlamentario actual. Igual suerte correría el proyecto de ley de banca pública, que está más atrasado porque ni siquiera ha sido aprobado en primera discusión.

El diputado Johnny Milano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, desconoce si la reforma de la Ley de Financiamiento y Refinanciamiento Agrícola propuesta por esa instancia –en vista de que la norma se vence el 31 de diciembre– será trabajada en la Asamblea Nacional o pasará a manos del Ejecutivo.

Milano indicó que la reforma busca crear nuevas opciones de refinanciamiento para los productores agrícolas, por los daños que las lluvias recientes causaron al sector primario de la economía.

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Gasto público de 2010 creció 47% por créditos adicionales

2010-12-12T07:03:00.000-08:00

Los créditos adicionales aprobados durante 2010 confirman lo que la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela advirtió en un documento difundido esta semana: el presupuesto de la nación ha perdido importancia como instrumento de política fiscal porque el Gobierno incurre todos los años en desembolsos extraordinarios que superan en por lo menos 30% el gasto establecido en la ley.

La Asamblea Nacional ha autorizado en lo que va de año 137 solicitudes de créditos adicionales presentadas por el Ejecutivo, por un monto global de 74,7 millardos de bolívares. La cantidad de recursos otorgada por esta vía duplica lo entregado en los años anteriores: entre 2006 y 2009 se aprobaron 141 millardos de bolívares, para un promedio anual de 35 millardos de bolívares.

Los fondos provenientes de los créditos adicionales han llevado el gasto público de 2010 –fijado en 159,4 millardos de bolívares en la Ley de Presupuesto– hasta 234,1 millardos de bolívares, un alza de 47%. Es muy posible que el monto crezca más, porque el Gobierno solicitó al Parlamento recursos para atender la emergencia causada por las lluvias de las últimas semanas.

Práctica común. El crecimiento del gasto público mediante los créditos adicionales ha sido una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. La clave está en otro aspecto señalado por la Escuela de Economía de la UCV: la subestimación de los precios del petróleo. "Ello abre un amplio margen para la constitución de fondos manejados al margen del presupuesto nacional", dice el documento.

Entre 2005 y 2008 la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados superó en un promedio de 121% el valor fijado por las autoridades para cada año. Incluso en 2009, pese a la caída del precio petrolero, hubo subestimación: el presupuesto modificado en marzo fijó el precio del barril en 40 dólares y el promedio anual se ubicó en 57,08, según el Ministerio de Energía y Petróleo.

Aunque parte del diferencial entre el valor real y el calculado por las autoridades es anulado por la sobreestimación que se hace de la producción petrolera, que siempre se calcula alrededor de 3,5 millones de barriles diarios cuando las cifras de agencias internacionales mencionan 2,5 millones, igual queda un monto importante de recursos disponibles para el Fisco.

Contracción real. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, señala que a pesar del incremento significativo del presupuesto de 2010, el gasto público de 234,1 millardos de bolívares acordado hasta ahora apenas supera en 18% al ejecutado en 2009. Eso refleja una disminución de 7% al descontar los efectos de la inflación.

García Banchs considera que la contracción del gasto público en términos reales forma parte de una estrategia de las autoridades para frenar la economía y reducir la demanda de divisas. "El crecimiento del producto interno bruto implica mayores necesidades de moneda extranjera, un bien escaso para el Gobierno en el momento actual".

Agrega que el objetivo de reducir las solicitudes de divisas no se ha logrado por el carácter petropopulista y revolucionario de quienes gobiernan. "Lo primero genera inflación y lo segundo genera riesgo. Ambos llevan a una aversión por el bolívar que incrementa la demanda de moneda dura".

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Gobierno ejecutó 13,5% de inversión para vivienda

2010-12-11T06:55:00.000-08:00

El discurso gubernamental de las semanas recientes ha estado lleno de anuncios en materia de vivienda. Pero, a juzgar por lo realizado hasta ahora, pocos llegarán a concretarse: un informe del Cieca, Centro de Investigaciones Económicas, muestra que el Gobierno ejecutó 13,5% de la inversión prometida para viviendas desde 2005.

La institución afirma que en los últimos 5 años las autoridades han anunciado desembolsos por 52,1 millardos de dólares –equivalentes a 10,4% de los ingresos fiscales del período– para proyectos destinados a reducir el déficit de viviendas que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los especialistas.

La inversión ejecutada desde 2005, sin embargo, sumó 7 millardos de dólares, calcula el Cieca sobre la base de la cantidad de viviendas terminadas por el sector público cada año –que estuvo entre un mínimo de 14.667 en 2010 y un máximo de 48.000 en 2006– y el costo unitario de cada una.

"Si se hubiese ejecutado el monto anunciado, se habrían construido 1.417.849 viviendas. En realidad, en este período se han concluido 182.511 unidades. Es decir, 1.235.338 menos que lo prometido. El monto dejado de ejecutar es de 45,1 millardos de dólares", precisa el informe.

El Cieca destaca que buena parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno en los últimos años están vinculadas a convenios bilaterales con países como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Irán, Portugal, Rusia, Turquía y Uruguay. Hasta ahora se desconoce el número de viviendas edificadas mediante esos acuerdos.

El peor promedio. El informe del Cieca calcula que la cantidad de viviendas construidas por el sector público desde 1999 hasta la fecha asciende a 296.047, lo cual arroja un promedio anual de 29.605 unidades durante la presidencia de Hugo Chávez. La cifra es menos de la mitad de lo edificado por gobiernos anteriores.

Agrega que los mejores resultados se registraron entre 1979 y 1988 –en las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi– con un total de 759.632 unidades edificadas. El promedio anual del período fue 75.963, 56,6% más que el Gobierno actual.

En el lapso de 1969 a 1978 –durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez– se construyeron 655.699 viviendas, para una media anual de 65.570. Entre 1989 y 1998, con Pérez y Caldera en la Presidencia por segunda vez, se levantaron 618.150 en total y 61.815 cada año.

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Ley de emergencia de vivienda niega atribuciones a municipios

2010-12-11T06:52:00.000-08:00

Cedice denunció que el Gobierno aprovecha la tragedia generada por las lluvias registradas en las últimas semanas para promover normativas que atentan contra la Constitución de 1999, como las cinco legislaciones relacionadas con el poder comunal y el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda.

"Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas y aprobando leyes comunistas", dijo Rafael Alfonzo, presidente de Cedice. Agregó que la legislación para terrenos urbanos y vivienda, así como otras acciones emprendidas en días recientes, tratan el problema habitacional como si hubiera estado de excepción.

Alfonzo indicó que el proyecto de ley niega las competencias urbanísticas que tienen estados y municipios, además de privarlos de fondos y terrenos para construir viviendas, y concentra todas las decisiones y los recursos en el Presidente.

"Es una ley con visos de inconstitucionalidad", aseguró el abogado Tomás Arias, del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice. "Se presenta como una solución al déficit de vivienda, pero no resolverá nada porque parte de las mismas premisas erradas".

Arias cuestionó que la legislación cree un organismo gubernamental análogo al Instituto Nacional de Tierras para llevar a las ciudades –y específicamente al mercado inmobiliario– la política de expropiaciones e intervenciones implementada en las zonas rurales.

También criticó la intención gubernamental de fijar los precios de terrenos e inmuebles a través de la creación de la moneda de la construcción. Agregó que la norma agravará el problema de vivienda, porque ningún empresario edificará en las condiciones impuestas.

Sobre las normativas vinculadas con el poder comunal, Arias señaló que representan un mecanismo del Gobierno para burlar los resultados del referendo realizado en 2007, cuando la población rechazó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.

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La deuda interna subió 56,2% hasta septiembre

2010-12-10T06:46:00.000-08:00

La caída de la renta petrolera el año pasado y la recesión económica que lleva seis trimestres consecutivos aumentaron las necesidades de financiamiento del Gobierno. En ese contexto, la deuda pública se incrementó en 2009 y 2010 a un ritmo más acelerado.

El Ministerio de Planificación y Finanzas reportó que el endeudamiento interno llegó a 83 millardos de bolívares en septiembre, lo que significa un alza de 56,2% con respecto al saldo de 53,2 millardos de bolívares que mostró al cierre de 2009.

En comparación con diciembre de 2008, cuando los compromisos internos sumaban 30,5 millardos de bolívares, el aumento es 172%. La deuda externa, en cambio, se incrementó 4,8% en relación con 2009 y 23,4% con respecto a 2008, para totalizar 36,85 millardos de dólares en septiembre.

El Gobierno ha preferido subsanar las insuficiencias presupuestarias con endeudamiento interno porque le resulta muy costoso acudir al mercado foráneo, dado el elevado riesgo país de Venezuela y la aprehensión de los inversionistas por el efecto de la crisis financiera mundial.

Aunque el incremento de los compromisos se esperaba, porque la ley especial de endeudamiento de 2010 autorizó al Gobierno a contratar hasta 45 millardos de bolívares, economistas insisten en que el ritmo al que crece la deuda pública es alarmante.

Entre 2008 y 2009 la relación entre endeudamiento y producto interno bruto pasó de 14,2% a 18,4%, según el Ministerio de Planificación y Finanzas.

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4,9% subieron precios al por mayor de carne y pollo

2010-12-09T07:01:00.000-08:00

Los precios al por mayor aumentaron 1,2% en noviembre impulsados por el encarecimiento de los rubros alimenticios. El índice del Banco Central de Venezuela muestra que el mes pasado los detallistas pagaron 4,9% más por los productos avícolas y pecuarios; 1,8% por los agrícolas; 1,7% por los pescados y mariscos; y 1,6% por los alimentos procesados.

La inflación de los rubros alimenticios en la cadena mayorista durante noviembre es superior a la registrada en los establecimientos minoristas. El índice nacional de precios al consumidor, elaborado por el BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas, mostró que alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron 1,5% el mes pasado.

El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros –que reportó un incremento de 1,2% en el costo de la canasta alimentaria familiar– también informó que el rubro carnes y preparados estuvo entre los más inflacionarios con un alza de 3,1% en el mes.

La institución señaló que el kilo de carne de res se consigue a 24,8 y 32 bolívares, según el tipo, lo que duplica los precios regulados de 11,9 y 17,6 bolívares. El de pernil cuesta 41,4 bolívares, 84% más que el controlado de 22,5 bolívares. El de pollo 13,9 bolívares, 22,9% por encima del importe de 11,3 bolívares fijado por el Gobierno.

Entre los primeros. Los rubros alimenticios también son los que más se han encarecido en la cadena mayorista en los últimos 12 meses. Los productos agrícolas encabezan la lista con un aumento de 42,8%. Los avícolas y pecuarios figuran terceros con un incremento de 26,6%. Los alimentos procesados se ubican cuartos con un alza de 24,1%.

El único rubro no relacionado con la alimentación que se cuela entre los más inflacionarios es actividades de edición e impresión, cuyos precios al por mayor registran un aumento de 33,3% en el mencionado periodo. El índice general acumula un incremento de 23,3%.

Las variaciones anualizadas más bajas se registran en rubros como productos de madera y corcho –incluye muebles– con un alza de 3,1%; textiles y cuero, con un aumento de 7,4%; y equipos de oficina, contabilidad e informática, con un repunte de 9,6%.

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Presupuesto de 2011 subestima ingresos

2010-12-09T06:51:00.000-08:00

La Ley de Presupuesto de 2011, sancionada por la Asamblea Nacional ayer, deja un amplio margen para que el Gobierno maneje fondos extrapresupuestarios al subestimar los ingresos petroleros y tributarios, advierte la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela en un documento.

En el escrito cuestiona que el presupuesto se haga sobre la base de un precio petrolero de 40 dólares por barril, cuando la cotización de la cesta venezolana de crudo y derivados en 2010 promedia más de 70 dólares, y cuando todas las proyecciones apuntan a que el valor del hidrocarburo mantendrá una tendencia moderadamente alcista en 2011.

Agrega que las metas de recaudación tributaria tampoco se corresponden con la realidad, porque arrojan una relación de 5,62% entre el impuesto al valor agregado principal fuente de ingresos no petroleros y el producto interno bruto. "La proporción es inverosímil, habida cuenta de que está por debajo del promedio histórico de 6,62%".

La subestimación de los ingresos lleva a menospreciar los gastos. El presupuesto autoriza al Gobierno erogaciones por 204,2 millardos de bolívares. El monto es inferior al egreso real de 2010, que aumentó hasta 219 milllardos –desde los 159 millardos calculados inicialmente– gracias a los créditos adicionales.

La Escuela de Economía considera que la práctica gubernamental ha hecho que el presupuesto pierda importancia como instrumento de política fiscal. "El Gobierno incurre en un conjunto de gastos que se traducen en erogaciones al menos 30% superiores a las establecidas en la ley. El gasto acordado es una referencia imperfecta".

Señala que al no tomarse en cuenta a Fonden y Pdvsa, que son dos organismos fundamentales en la asignación de recursos y la ejecución del gasto, el presupuesto se convierte en "una mera referencia legal, sin ningún tipo de obligación que haga efectivo su cumplimiento".

La Ley de Presupuesto de 2011 fue aprobada sólo por los parlamentarios del PSUV. Los diputados de Podemos, Patria Para Todos y el Bloque Humanista salvaron el voto porque consideran que el documento no se corresponde con la realidad económica del país.

La Asamblea Nacional también aprobó ayer la Ley Especial de Endeudamiento de 2011, que permite al Gobierno adquirir compromisos por un máximo de 52,2 millardos de bolívares y desembolsar recursos provenientes de deuda hasta 40,4 millardos de bolívares.

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Gobierno controlará fondos para la innovación

2010-12-08T08:12:00.000-08:00

Daniel Rodríguez cursa un programa de especialización que la empresa dónde trabaja financia a los empleados, con el objetivo de modernizar el proceso de producción para reducir los costos. Carolina Ferreira paga un monto mínimo por los estudios de posgrado, pues una compañía transnacional subsidia la universidad, con el propósito de impulsar la investigación en el área en que se desempeña.

Los ejemplos anteriores muestran algunas de las formas que tenían las empresas con ingresos brutos superiores a 100.000 unidades tributarias (6,5 millones de bolívares) para cumplir con el aporte obligatorio que impone la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2005. El proyecto de reforma que se discute en la Asamblea Nacional, sin embargo, impedirá que las compañías manejen los recursos por su cuenta.

"Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23 de la propuesta. El artículo 40 precisa que se trata del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que luego se encargará de repartir el dinero entre personas e instituciones que soliciten recursos para investigación.

El abogado Edgardo Malavé, corredactor de la Locti vigente, afirma que la modificación planteada por el Ejecutivo convierte el aporte para ciencia y tecnología en una contribución similar a la que debe pagarse al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. "El impacto económico para las empresas es muy grande, porque la base de cálculo del monto que se debe pagar son los ingresos brutos", advierte.

Malavé recuerda que hasta la fecha el impacto económico era compensado parcialmente por los beneficios directos que las empresas recibían al invertir en la capacitación de personal, la modernización de procedimientos o la investigación relacionada con su área de negocio. Pero ahora las compañías entregarán el dinero sin saber si los programas y proyectos que le interesan recibirán el financiamiento del Fonacit.

Miguel Mónaco, abogado y profesor universitario de Derecho Público, considera que la reforma limitará la inversión en ciencia y tecnología dentro de las propias empresas. "Por la magnitud del aporte, será muy difícil para algunas compañías cancelar al Fonacit y aparte financiar proyectos internos. No les queda otra que presentar sus proyectos al organismo gubernamental y esperar que les asignen fondos".

Más lento. El problema de esperar los recursos del Fonacit señala Malavé es que el organismo se convertirá en una alcabala por la que tendrán que pasar todas las solicitudes de fondos para la investigación científica y tecnológica. "Operación Sonrisa, por ejemplo, ya no podrá pedirles a las compañías fondos descontables de la obligación por Locti. Ahora tendrá que presentar sus proyectos al Fonacit para que le apruebe recursos", indica.

Agrega que eso introducirá factores como "la tendencia política, la discrecionalidad y el amiguismo" en la decisión de a quién se asignarán los recursos. También ralentizará el proceso de investigación pues el Fonacit no está capacitado para procesar las solicitudes de 6.000 personas e instituciones inscritas en el registro de beneficiarios. "El dinero irá a engrosar cuentas bancarias y se quedará inoperante por mucho tiempo".

Mónaco advierte que lo más grave es que la aprobación de recursos estará condicionada a parámetros políticos. "La autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el plan de desarrollo económico-social de la nación", dice el artículo 15 de la propuesta de reforma.

Los abogados señalan como otro factor preocupante la modificación del artículo 3 que define los sujetos de la ley para agregar a las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación. No sólo porque esta forma de organización social promovida por el Gobierno no está establecida en la Constitución, sino porque su inclusión revela que parte de los aportes empresariales serán para financiar proyectos comunales.

También preocupa a los especialistas que se haya suprimido la palabra empresa del artículo. Lo mismo se hizo en la disposición número 27, que describe las actividades "consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones". Eso genera temores de que el sector privado sea excluido de la entrega de financiamiento del Fonacit.

Además cuando se incluye la investigación para el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, bienes o procedimientos entre las actividades por financiar con los aportes empresariales, se sustituye el objetivo de mejorar la competitividad y la calidad productiva incluido en la Locti vigente por el de resolver problemas concretos de la población venezolana.

Supervisión posterior. El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, defiende la reforma propuesta para la Locti con el argumento de que la situación actual en que "las empresas manejan a su antojo 95% del aporte previsto en la normativa y sólo entregan al Fonacit 5%" atenta contra la investigación del sector público.

Malavé dice que el Fonacit recibe un porcentaje tan pequeño de los aportes empresariales porque carece de programas y proyectos de investigación suficientes. "Ni siquiera es capaz de ejecutar su propio presupuesto, qué va a hacer con más dinero". Agrega que el objetivo de la norma no es dar recursos a los organismos gubernamentales sino promover que el sector privado invierta en ciencia y tecnología.

Villalba también argumenta que no había un control estatal sobre el aporte. Mónaco replica que el hecho de que las empresas manejarán el dinero por su cuenta, ya sea para invertirlo en proyectos propios o para financiar programas de terceros, no implicaba una ausencia de supervisión de los entes gubernamentales. "Se hace un control posterior, de manera que el elemento burocrático no obstruya el avance científico".

Mónaco destaca que en la Locti vigente se establecen claramente cuáles son las actividades internas y externas que las empresas pueden financiar para cumplir con su obligación de invertir en la ciencia y la tecnología. Además, hay sanciones para las compañías que no realizan ningún aporte y para aquellas que financian actividades distintas a las estipuladas en la ley.

Malavé indica que si el Gobierno era incapaz de supervisar los aportes, como afirma el diputado, también será incompetente para manejar los recursos que las empresas entregarán y distribuirlos entre quienes se dedican a la investigación científica y tecnológica. "El Estado no puede alegar su propia incapacidad. Si el Seniat tiene una estructura para fiscalizar el pago de impuestos, por qué el Fonacit no puede hacer lo mismo".

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Industria preocupada por reforma de la Locti

2010-12-08T06:57:00.000-08:00

Conindustria se unió a los sectores académicos, empresariales y políticos que cuestionan el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discute en la Asamblea Nacional, e hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la modificación.

"El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y las organizaciones no gubernamentales que se benefician de los aportes de la empresa privada", dijo el gremio en un comunicado.

A los industriales les preocupa que la modificación suprima la posibilidad de destinar los recursos correspondientes al aporte obligatorio establecido en la Locti a proyectos específicos de cada empresa, incluidos programas de capacitación de personal y modernización de procedimientos.

"Estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa, por cuanto las empresas tendrán que entregar el aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia".

También les inquieta que la reforma impida a las compañías financiar de manera directa los programas de instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. "Esto significa que los aportes de la empresa privada a la investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos".

Conindustria lamentó que la modificación de la normativa, en vez de incluir nuevos incentivos para el desarrollo tecnológico, imponga "restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social". Por eso insistió en la necesidad de reconsiderar los cambios propuestos.

La segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación figuraba como el octavo punto en la agenda de la plenaria de ayer en la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, no se había realizado el debate.

El lunes Enrique Rubio, en nombre de un grupo de organizaciones y personas vinculadas con el quehacer científico, entregó una carta a la directiva del Parlamento para solicitar un derecho de palabra que no fue concedido durante la segunda discusión del proyecto.

El grupo pide posponer el debate y reabrir la consulta pública de la reforma. "Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia", señala el documento.

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Recomiendan protegerse de la devaluación

2010-12-08T06:54:00.000-08:00

Empresas y particulares deben aumentar las posiciones en divisas o las deudas en bolívares para protegerse de la devaluación, recomienda la firma Econométrica.

La compañia indica que el Gobierno devaluará en 2011 porque la demanda de divisas supera en 25% la oferta, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela apenas cubren 4,4 meses de las necesidades de moneda extranjera y la capacidad de endeudamiento externo es cada vez más reducida.

Aunque Econométrica plantea 5 escenarios posibles para la devaluación de la moneda, considera que el más probable es que las autoridades mantengan la tasa preferencial de 2,6 bolívares por dólar para alimentos, medicinas y bienes de capital; e incrementen los otros tipos de cambio.

Afirma que el dólar petrolero –que se cotiza a 4,3 bolívares– subirá hasta 5,5 bolívares; la banda del sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera –de 4,3 a 5,3 bolívares– pasará a entre 5,5 y 6,75 bolívares; y el cambio implícito de las emisiones de bonos aumentará hasta 8 bolívares.

La firma señala que la devaluación mejorará las finanzas de Pdvsa y el Fisco, aunque tendrá consecuencias negativas para la economía como el incremento de la inflación, la caída del salario real y posiblemente la disminución del consumo, la inversión, el producto y el empleo.

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Piden consulta sobre reforma de la Locti

2010-12-07T06:43:00.000-08:00

Un grupo de organizaciones y actores vinculados al quehacer científico entregó una carta a la Asamblea Nacional, para solicitar un derecho de palabra durante la segunda discusión en plenaria del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, pautada para hoy.

La misiva, entregada por Enrique Rubio, también pide posponer la discusión y reabrir el proceso de consulta pública sobre el proyecto de reforma, para escuchar las objeciones que los sectores involucrados con la investigación científica y tecnológica en el país tienen ante los cambios propuestos.

Voceros empresariales, universitarios y opositores han criticado la reforma de la Locti porque obligará a entregar todos los recursos al Fonacit, aumentará los porcentajes de aporte de algunas compañías privadas y condicionará el financiamiento para investigación a criterios políticos, entre otras cosas.

"Es una reforma que afectará por completo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, del cual forman parte una enorme diversidad de actores, tales como instituciones, empresas, fundaciones, organizaciones de desarrollo social, universidades, investigadores", dice el documento.

La principal crítica que se le hace a la Asamblea Nacional es la falta de consulta sobre el proyecto de reforma presentado para segunda discusión, que es muy diferente al aprobado en primera instancia.

El documento destaca que la consulta pública además de ser un mecanismo consagrado en la Constitución es un paso indispensable para la aprobación de leyes relacionadas con el quehacer científico y tecnológico.

"Las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, antes de ser legales, administrativos y operativos, deben tener la más amplia aceptación por todos los sectores vinculados a dicha materia. De lo contrario, su efecto será parcial e insostenible en el tiempo", señala el texto.

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Bs 5,9 millardos darán para los aguinaldos

2010-12-07T06:40:00.000-08:00

El Gobierno continúa buscando los recursos para completar el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, que este año decidió cancelar de manera fraccionada que generó malestar en los trabajadores por los problemas de flujo de caja que tiene la Tesorería nacional.

La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar hoy un crédito adicional de 5,9 millardos de bolívares para el pago de aguinaldos en los ministerios de Agricultura; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedia; Defensa; Educación y Trabajo, y en los organismos adscritos a estos despachos.

Fuentes de la Comisión de Finanzas explicaron que se trata de la última fracción de los recursos solicitados por el Ejecutivo para hacer frente al pago de la bonificación navideña. El Parlamento aprobó hace dos semanas un crédito de 9,09 millardos de bolívares para el mismo fin.

El pago de aguinaldos en el sector público ha variado de acuerdo con la disponibilidad financiera de cada organismo. El cronograma de la Oficina Nacional del Tesoro muestra que esta semana se cancelarán 3,5 millardos de bolívares (46,6% del desembolso previsto) por ese concepto.

Además de aprobar más recursos para el pago de la bonificación navideña de los empleados públicos, los diputados también prevén realizar hoy la segunda discusión de los proyectos de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para 2011, así como del documento de ingresos y gastos del Poder Legislativo.

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El Gobierno tardaría 160 años en resolver déficit de vivienda

2010-12-06T12:10:00.000-08:00

El Gobierno necesita de la empresa privada para resolver el déficit de vivienda que hay en Venezuela, porque el sector público tardaría 160 años en construir 2 millones de unidades residenciales si mantiene el ritmo registrado desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999.

Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela revelan que durante los últimos 12 años se construyeron cerca de 500.000 viviendas. Si los especialistas de la Cámara Inmobiliaria calculan que 70% corresponde al sector privado y 30% al público, eso quiere decir que los organismos gubernamentales edificaron 150.000 unidades en total y 12.500 anuales.

El promedio de construcción de la administración actual representa 12,5% de las 100.000 viviendas que el país necesita cada año para cubrir el crecimiento poblacional –según los expertos– y 6,25% de las 200.000 unidades anuales requeridas para disipar el déficit en un plazo de 2 décadas.

Si bien el ritmo que ha mantenido el sector privado en los últimos 12 años –350.000 viviendas en total, para un promedio de 29.167 anuales– tampoco es suficiente para resolver el problema, empresarios y especialistas han dicho que con los incentivos adecuados esa cifra pudiera multiplicarse.

Entre 2006 y 2009, el promedio de construcción de viviendas se ubicó en 85.000 por año gracias a los estímulos ofrecidos por la aprobación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en 2005 y la creación de una cartera hipotecaria obligatoria para la banca, entre otros factores.

Viraje oficial. El llamado del presidente Chávez al sector privado la semana pasada, luego de varios meses de ataques por las acusaciones de cobro ilegal de índice de precios al consumidor y otras presuntas irregularidades en la preventa de inmuebles, parece ser un reconocimiento a la necesidad de trabajo conjunto.

El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, que fue presentado por el Ejecutivo la semana pasada y que el Parlamento prevé sancionar el jueves, también apunta en esa dirección al plantear la constitución de consorcios mixtos y ofrecer estímulos tributarios al sector privado.

Los artículos 20 y 21 exoneran del impuesto al valor agregado y del pago de cualquier arancel, tasa o contribución en las oficinas del servicio de notarias y registros públicos "a todas las operaciones de adquisición de viviendas principales de interés social".

El artículo 22 establece que las cantidades pagadas por materiales e insumos generarán crédito fiscal para los constructores residenciales, siempre que hayan protocolizado más de 90% de las unidades y que presenten copia de las certificaciones de inscripción como vivienda principal de las mismas.

El artículo 48 plantea incrementar los montos de los créditos del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a una escala que se ubicará entre 100 y 600 salarios mínimos (de 122.300 a 733.800 bolívares), lo cual pudiera incentivar la demanda. El aumento debe hacerse en no más de 6 meses.

Contradicciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, admite que el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones positivas para el sector, pero advierte que tiene otras que son muy preocupantes.

"Es una legislación que centraliza las decisiones en la Presidencia y contempla mucho intervencionismo del Estado. Por ejemplo, faculta al Gobierno para ocupar terrenos que considere están subutilizados u ociosos, sin definir cuáles son los criterios para que sean calificados como tales", señala.

Raimudo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, alerta que la discrecionalidad para decidir lo que está subutilizado pone en riesgo cualquier terreno: "desde fincas productivas en los suburbios hasta parques y clubes deportivos dentro de las ciudades".

Ninguno de los dos está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción para las operaciones inmobiliarias. "Creo que es un mecanismo disfrazado de regulación de precios", dijo Grullón. "No puede haber varias unidades monetarias en el país", agregó Orta Poleo.

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Defienden centralización de aportes a la ciencia

2010-12-04T12:04:00.000-08:00

El diputado Manuel Villalba afirmó que los criticas a la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que se discute en la Asamblea Nacional provienen de sectores interesados en que las empresas privadas sigan manejando a su antojo el aporte establecido.

Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, dijo que el esquema actual –que permite a empresas descontar del aporte legal las inversiones en capacitación interna e investigación de terceros– ha ocasionado que el Fonacit reciba una cantidad mínima.

"Hasta ahora 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo con sus intereses particulares, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, mientras que 5% ha sido manejado por el Fonacit. Se quieren despachar y dar el vuelto", aseguró.

El parlamentario descartó que el envío de todos los fondos al Fonacit atente contra la producción de conocimiento. Agregó que las empresas privadas podrán financiar, con recursos diferentes, sus programas de capacitación internos y los proyectos de investigación de terceros.

Villalba rechazó las críticas sobre la falta de consulta de la reforma. "El proyecto fue ampliamente debatido con universidades, investigadores e instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología".

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Proponen que BCV rija moneda de construcción

2010-12-04T11:51:00.000-08:00

Las dudas sobre la creación de una "moneda de la construcción" figuran entre las principales observaciones que hizo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado esta semana en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, se reunió con el diputado Luis Gamargo, jefe de la Comisión de Administración y Servicios Públicos e integrante de la comisión mixta que evalúa la propuesta legal, para expresarle los aspectos que preocupan al sector privado.

Martini indicó que la unidad monetaria propuesta debería llevar otro nombre, porque el término moneda está reservado por la ley al bolívar. Agregó que el valor tendría que ser determinado por el Banco Central de Venezuela, por ser la autoridad en materia de variación de precios, y no por otro organismo.

Al sector inmobiliario también le preocupa la discrecionalidad que tendrán los funcionarios del instituto nacional de tierras urbanas y vivienda –que sería creado de aprobarse el proyecto de ley– para decidir cuando un terreno urbano está ocioso o subutilizado.

La Cámara Inmobiliaria considera que deben respetarse las zonificaciones de cada municipio. "Si en un terreno funciona un estacionamiento, porque así fue establecido en el plan de desarrollo urbano, no puede ser que el nuevo organismo considere que está subutilizado", argumentó Martini.

Otra observación del gremio está relacionada con el plazo que se otorgaría a los dueños de terrenos urbanos aptos para vivienda, ya que el artículo 3 del proyecto de ley afirma que el derecho de propiedad "implica un deber de proceder" a construir las edificaciones que se encuentren permitidas.

Gamargo dijo que los planteamientos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela serán sometidos a consideración de la comisión mixta que evalúa el proyecto de ley. Afirmó que no está previsto realizar encuentros con otros gremios o empresas del sector privado para debatir la normativa.

El equipo parlamentario integrado por diputados de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana también se ha reunido con consejos comunales y organizaciones sociales para conocer las observaciones al proyecto.

Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión mixta, informó que la consulta pública se realizará el fin de semana. Añadió que el objetivo es llevar la norma a segunda discusión el jueves 9 de diciembre.

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Gobierno administrará aportes de empresas a ciencia y tecnología

2010-12-03T08:14:00.000-08:00

La reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –cuya segunda discusión se realiza en la Asamblea Nacional– establece que el aporte obligatorio de las empresas en esta materia será administrado por el Gobierno.

La legislación vigente indica que las compañías, en vez de darle los recursos al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pueden usarlos para financiar programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros (fundaciones, universidades, entre otras).

La modificación legal elimina esa posibilidad, al obligar a las empresas a entregar el dinero al ente gubernamental. "Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones", dice el artículo 23.

El Fonacit, además de recaudar los recursos, se encargará de canalizarlos hacia las actividades científicas y tecnológicas que se correspondan con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.

"La reforma burocratiza el acceso a los fondos para investigación, porque los sujetos aportantes (empresas) no podrán usar el dinero para capacitar personal o financiar investigaciones sino que se lo darán al Estado", dice Miguel Mónaco, abogado y profesor de Derecho Público.

Agrega que la modificación legal elimina la posibilidad de la investigación libre. "El Fonacit decidirá la asignación del financiamiento de acuerdo con planes que, por naturaleza, son políticos. Eso ata el conocimiento científico a un determinado programa de gobierno".

Enrique Rubio, presidente de la consultora Artes Gerenciales, señala que la reforma cambia la esencia de la ley. "La idea era que las empresas invirtieran en investigaciones científicas relacionadas con su actividad. Ahora el dinero, como será asignado por el Estado, puede utilizarse en otras áreas".

Más aportes. Además de cambiar las condiciones para la recaudación y la distribución de los fondos, la modificación de la Locti que se discute en la Asamblea propone incrementar el monto que deben aportar algunas empresas.

El artículo 26 precisa que las actividades económicas establecidas en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, deberán contribuir al Fonacit con 2% de los ingresos brutos.

Mónaco advierte que el cambio diferencia de manera injustificada a licoreras y tabaqueras. "Estas compañías, por las condiciones de su negocio, ya están sometidas a un régimen tributario diferente al del resto, no tienes porque discriminarlas en esta ley".

Agrega que, al decir todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de licores y tabaco, la tasa de 2% también puede aplicarse a establecimientos como supermercados, que deberían pagar la contribución de 0,5% fijada para el resto de las empresas.

El abogado también cuestionó que se convierta el aporte a ciencia y tecnología en un impuesto y que se pretenda aplicar la modificación de los montos de manera retroactiva. "Las disposiciones finales establecen que las empresas deberán empezar a pagar el nuevo monto en enero, lo cual implica una carga sobre los ingresos brutos de este año (base de cálculo para el aporte al Fonacit)".

"Ley inconstitucional". El equipo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática asegura que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es violatorio de la Constitución y de las leyes.

Los académicos alertaron que, de aprobarse la normativa, se causará un "grave daño" a la producción de conocimiento en el país y denuncian que no hubo consulta con las organizaciones científicas y tecnológicas. "El proyecto dista mucho del aprobado en primera discusión en enero".

Entre las objeciones que plantearon al contenido de la reforma están que se señala como beneficiario de los fondos para investigación a la comuna, "figura o forma de agrupación que no está en la Constitución ni en las leyes".

También critican que eliminen los principios de ética, probidad y buena fe, consagrados en el artículo 110 de la Constitución; supriman los principios éticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica y descarten la creación de comisión multidisciplinarias de bioética y biodiversidad.

"Al definir las actividades que podrán ser beneficiarias de aportes se omite el término empresa, cuando la Constitución establece la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado para contribuir en el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y sus aplicaciones en el país", agregan.

Escrito junto con Carlos Crespo
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BID prestará 700 millones de dólares para rehabilitar represa de Guri

2010-12-02T06:57:00.000-08:00

El Banco Interamericano de Desarrollo prestará 700 millones de dólares a Venezuela para la recuperación de 6 unidades de la represa de Guri. Las condiciones del crédito que otorgará el organismo multilateral fueron aprobadas ayer por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

La generación de electricidad en Guri, que a principios de 2010 se redujo al mínimo por la sequía y ocasionó una crisis en el suministro energético del país, no ha podido ser reactivada por completo a pesar de que las lluvias registradas durante los últimos meses coparon de agua al embalse.

Especialistas advirtieron desde el comienzo de la crisis que la llegada de las precipitaciones era insuficiente para superar los problemas, porque el deterioro de algunas unidades de Guri impide que la central hidroeléctrica funcione a máxima capacidad. La solicitud del préstamo sugiere que tenían razón.

Además del crédito del BID, el Ministerio de Energía Eléctrica recibirá 568,7 millones de bolívares por una reprogramación –también aprobada ayer– de los desembolsos establecidos en la Ley de Endeudamiento de 2010. Los recursos estaban destinados a proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras.

A segunda discusión. La agenda de la Comisión de Finanzas incluyó la aprobación de los informes para segunda discusión de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, que serán llevados a plenaria el próximo jueves para su sanción definitiva.

Como había adelantado el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la instancia parlamentaria, el único cambio a la propuesta presentada por el Ejecutivo es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno. El proyecto original sólo tenía el total asignado al organismo.

También se autorizó una emisión de pagarés, por un monto de 1,38 millardos de bolívares, que realizará el Ministerio de Planificación y Finanzas para aprovechar el remanente de la Ley de Endeudamiento de 2010.

Se aprobaron, además, dos traslados de créditos presupuestarios. Uno en el Ministerio del Interior y Justicia, por 51,1 millones de bolívares; y otro en el Parlamento Andino, por 1,7 millones de bolívares.

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"Aprovechan lluvias para regular mercado"

2010-12-02T06:54:00.000-08:00

El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda contiene una serie de disposiciones que serán perjudiciales para el sector inmobiliario, advirtió el abogado Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Orta Poleo cuestionó que la normativa incluya la posibilidad de establecer una banda de precios para tierras e inmuebles. "Eso atenta contra la libertad económica y no es un mecanismo adecuado para el mercado inmobiliario. Además, el Gobierno nunca ha sido un buen regulador de precios".

También criticó que se declare de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados, especialmente porque la determinación de tales condiciones será discrecional. "El Estado puede decir que las tierras de una finca o una industria son aptas para vivienda y ordenar la expropiación".

Tampoco está de acuerdo con la creación de una moneda de la construcción. Agregó que el Gobierno aprovecha la emergencia causada por las lluvias para regular todos los aspectos del mercado inmobiliario y dictar medidas que atentan contra derechos como la propiedad privada.

El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado el martes en primera discusión, será revisado por un equipo mixto presidido por el diputado Darío Vivas e integrado por parlamentarios de las comisiones de Administración y Servicios Públicos y Participación Ciudadana.

La junta directiva de la Asamblea Nacional espera que la evaluación sea rápida para que la segunda discusión en plenaria se realice la próxima semana.

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Crearán moneda de la construcción para operaciones inmobiliarias

2010-12-01T06:44:00.000-08:00

El bolívar será sustituido por la moneda de la construcción en los contratos de preventa de inmuebles residenciales, según el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, aprobado ayer en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.

La nueva moneda será un "índice valor oficial fijado por el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda para las operaciones inmobiliarias relativas a los negocios de compraventa de unidades de vivienda familiar principal en construcción", dice el artículo 24 de la propuesta.

Agrega que el instituto nacional de tierras urbanas y vivienda determinará el valor de la moneda de la construcción –en función de elementos técnicos que se fijarán en el reglamento de la ley– el primer mes de cada año, aunque podrá modificarlo en cualquier oportunidad que lo considere necesario.

El artículo 25 señala que los contratos de preventa de viviendas en edificación estipularán el precio en monedas de la construcción, además del lapso definitivo de entrega de la obra y de protocolización del documento de venta ante la oficina de registro público correspondiente.

Una vez fijado el valor del inmueble, éste no podrá modificarse. Los promotores, sin embargo, podrán cobrar "aquellas variaciones experimentadas en la moneda de la construcción causadas antes de la fecha de la culminación de la obra que haya sido expresamente establecida en el contrato".

En el caso de que los compradores del inmueble no puedan asumir el costo de las variaciones, podrán solicitar un subsidio al instituto nacional de tierras urbanas y vivienda. El nuevo organismo propuesto para encargarse del problema habitacional dependerá directamente de la Presidencia.

Expropiaciones express. Además de regular la preventa, el proyecto de ley declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos o subutilizados que sean aptos para construir viviendas incluidos aquellos pertenecientes a entes del Estado así como los factores y los medios para la construcción.

La declaratoria de utilidad pública es, según el marco legal vigente, uno de los requisitos para proceder a la expropiación de cualquier bien. De manera que la normativa propuesta despeja el camino para que el gobierno del presidente Hugo Chávez ordene más expropiaciones.

El proyecto de ley también faculta al mandatario para que decrete la creación de zonas especiales de emergencia de tierras urbanas y vivienda, en las cuales las autoridades podrán ocupar temporalmente inmuebles abandonados y adquirir construcciones residenciales con permiso de habitabilidad.

En el caso de que el Ejecutivo adquiera inmuebles alquilados para ejecutar planes de vivienda, los inquilinos tendrán un derecho de preferencia para su adquisición.

Los consejos comunales ayudarán al Gobierno a levantar el censo de las familias necesitadas de vivienda, a quienes se adjudicará las unidades gratuitamente o mediante créditos, según sus condiciones socioeconómicas.

Aumentarán los aportes
El proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y vivienda, presentada ayer por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, establece que se aumentará el aporte que trabajadores y empresas realizan mensualmente al Fondo de Ahorro Obligatorio.

Los empleados, que hasta ahora contribuyen con 1% del salario mensual, deberán aportar 3% una vez aprobada la propuesta de legislación. Los patronos, que estaban obligados a cooperar con un monto equivalente a 2% del sueldo de cada trabajador, tendrán que colocar 5%.

El aumento del aporte se hace "con la finalidad de ajustar el monto crediticio establecido en la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional", según el artículo 47. El 48 agrega que el Ejecutivo tendrá seis meses para incrementar las cantidades por prestar.

La nueva escala crediticia, que se hará en función de los ingresos de cada grupo familiar, irá de 100 a 600 salarios mínimos es decir, de 122.300 a 733.800 bolívares y deberá ser actualizada cada año en virtud de "la realidad del mercado nacional de vivienda".

La norma también ofrece incentivos para que los patronos ejecuten planes de vivienda en beneficio de los trabajadores. Los recursos destinados por las empresas para este concepto no incidirán en los pasivos laborales y podrán descontarse del impuesto sobre la renta.

Las compañías que concreten planes de vivienda para sus empleados, además, tendrán prioridad para trabajar con el Estado. "Será causal de nulidad absoluta de los procesos de contratación pública la inobservancia de la verificación previa de esta condición preferente", dice el artículo 19.

El sistema financiero tendrá que crear otra cartera obligatoria adicional a la gaveta hipotecaria actual, que equivale a 10% del total de los créditos y está destinada a construcción y compra para financiar los planes de viviendas que desarrollen las empresas.

La banca también deberá atender las solicitudes de crédito a tasa preferencial del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y Vivienda, cuando éste requiera dinero para otorgar subsidios a los compradores.

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Calmar la sed cuesta 35,7% más que hace 12 meses

2010-12-01T05:48:00.000-08:00

Cada vez que va al supermercado a hacer las compras del mes, Leonor Barrero –ama de casa de Los Ruices– tiene que gastar más dinero por la misma cantidad de jugos, leche pasteurizada, refrescos y otras bebidas que suele comprar para acompañar las comidas.

Barrero cuenta que un litro de jugo pasteurizado en envase de larga duración, que hace un año conseguía en 8 bolívares, ahora no baja de 12 bolívares. El precio de la presentación de 2 litros de los refrescos gaseosos, en tanto, está entre 10 y 11 bolívares.

Las cifras de inflación del Banco Central de Venezuela confirman lo que el ama de casa deduce de la observación de la factura del supermercado. Las bebidas no alcohólicas registran un incremento de 35,7% desde octubre del año pasado.

El encarecimiento del rubro supera en 2 puntos porcentuales al aumento de los alimentos, que se ubica en 33,7% durante los últimos 12 meses, y en 8 puntos a la variación anualizada del índice nacional de precios al consumidor, que bajó a 27,5% en octubre.

El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores señala, en su informe sobre el costo de la canasta alimentaria, que el mes pasado los refrescos aumentaron 2,2% y el café 1,4%. Esta institución reporta una inflación anualizada de 20,7% en las bebidas no alcohólicas.

Además de contribuir a incrementar el costo del mercado, el encarecimiento de las bebidas abulta la cuenta en restaurantes y cafetines, rubro que con un alza de 28,5% en los últimos 12 meses también se encuentra por encima del índice de precios global.

Victoria Lara, administradora que almuerza todos los días en la calle, dice que hay locales dónde cobran hasta 10 bolívares por un agua mineral. Los jugos naturales están entre 12 y 20 bolívares, dependiendo del restaurante y del sabor.

El aumento en el precio de las bebidas, sumado al de los alimentos, ha hecho que el presupuesto destinado a estos rubros pase de 25% en 2009 a 28,9% en 2010, según un estudio de Datos.

Licores también son caros. Aquellos que prefieren pasar la comida con una bebida alcohólica o que toman licor con frecuencia por otros motivos, tampoco están ajenos al problema de la inflación. Este rubro, de hecho, se encuentra entre los que más se han encarecido.

El BCV reportó que las bebidas alcohólicas aumentaron 41,7% en 12 meses. El impacto de los tributos aplicados en los últimos años al consumo de licor y de las restricciones en la entrega de divisas para importar figuran como las principales razones del incremento.

A pesar del alza en los precios, el estudio de Datos refleja que los licores no se encuentran entre las primeras cosas que las personas sacrifican cuando se reducen los ingresos. Antes prefieren recortar los gastos en productos misceláneos (chucherías), telecomunicaciones y peluquería.

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Ventas de medicinas y cosméticos retrocedieron 30,18% en 12 meses

2010-11-30T06:41:00.000-08:00

Las cifras oficiales confirman que el alza de los precios, la recesión durante seis trimestres consecutivos y el aumento del desempleo han incidido en la reducción de la compra de bienes y servicios por parte de los venezolanos. El Banco Central reportó una caída de 12,34% en el volumen de ventas al por menor.

El BCV, que hace dos semanas anunció retrocesos interanuales de 4,4% en el producto interno bruto del sector comercial y 2,1% en el gasto de consumo final privado durante el tercer trimestre, publicó ayer los resultados sectoriales del comercio detallista.

Las caídas más pronunciadas se registraron en las ventas de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, que bajaron 30,76% en comparación con el tercer trimestre de 2009; y de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, que disminuyeron 30,18%.

La comercialización de alimentos, bebidas y tabaco cayó 9,48% en locales especializados y 19,79% en otras tiendas. También cedieron las ventas de vehículos automotores (-14,80%); artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio (-13,37%) y textiles, calzado y cuero (-4,65%).

En el comercio al por mayor hubo un alza de 13,36% en comparación con el tercer trimestre de 2009, impulsado por las ventas de materiales de construcción y artículos de ferretería, que crecieron 42,35%; y de otros productos, que subieron 38,36%. Los retrocesos en las ventas mayoristas se registraron en alimentos, bebidas y tabaco, con un bajón de 4,15%; y productos intermedios, con una caída de 5,1%.

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Ganancias de aseguradoras crecieron a menor ritmo

2010-11-30T06:39:00.000-08:00

Las empresas de seguros que operan en Venezuela ganaron 1,51 millardos de bolívares en los 3 primeros trimestres de 2010, un alza de 44% con respecto a los 1,05 millardos de bolívares obtenidos durante igual período de 2009, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.

Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.

A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.

La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.

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Los venezolanos se olvidaron del lujo y sólo compran lo necesario

2010-11-29T06:23:00.000-08:00

En Valencia muchas familias prefieren comprar los alimentos en los mercados al aire libre. Llegan a las 6:00 de la mañana y escogen todo lo que necesitan. Luego pesan la mercancía para saber cuánto deben pagar: cada kilo de fruta o de verdura cuesta 6 bolívares, a excepción de la cebolla que está a 10 bolívares.

Ángela Morales, una de las asiduas al lugar, destacó que compra las frutas y verduras allí y el resto de los productos los adquiere en un supermercado. "En estos tiempos hay que buscar y buscar hasta conseguir los mejores precios, y esta es una alternativa", dijo. Estas compras las hace semanalmente.

Carmen Rojas reconoció que han cambiado los hábitos de consumo y recreación de su familia. "Antes decidía si llevaba una salsa para probar, ahora sólo adquiero los alimentos que son indispensables. Los tickets de alimentación me alcanzan para una semana".

Por lo menos cada 15 días iba al cine con su esposo y su hijo, ahora casi no va. "Cada entrada vale 23 bolívares, más las cotufas, chocolates y refrescos. Se necesitan alrededor de 200 bolívares para ir al cine, por eso vemos más películas en la casa. El dinero lo necesitamos para pagar luz, teléfono, colegio, condominio y la comida, que es lo más caro".

El alto costo de la vida es un problema de toda Venezuela, pues la inflación ha estado por encima de 20% en los últimos cuatro años, pero el índice nacional de precios al consumidor muestra que Valencia, Caracas y Maturín son las ciudades más afectadas por los incrementos de precios durante 2010.

En Valencia, la inflación acumulada de enero a octubre es 24,4%, casi punto y medio superior al promedio nacional que es de 23%. Al igual que en el resto del país, los rubros que más se han encarecido este año son licores y tabaco, con un alza de 31,6%; y alimentos y bebidas, con un aumento de 30,9%.

Los altos precios de los inmuebles y de los servicios médicos están entre las principales preocupaciones de los habitantes de Aragua. Para abaratar los costos viajan a Valencia, pues les resulta más económico comprar una vivienda en esa ciudad o recibir atención médica en los centros de salud privado.

Ninoska Delgado señaló que mientras en Maracay una vivienda recién construida en una zona de clase C puede conseguirse a partir de 700.000 bolívares, en Carabobo con esa suma de dinero es posible adquirir una casa en urbanismos de clase B.

Otro dolor de cabeza es cuando deben pagar el recibo de agua. La tarifa de la empresa Hidrocentro es superior a la que se paga en la capital carabobeña. Daniel Pérez refirió que mientras su familia cancela 35 bolívares por el servicio de su casa en la urbanización El Limón, en el noroeste de Maracay, los parientes de su esposa en Valencia cancelan 18 bolívares mensuales.

Maracay figura como la segunda ciudad donde más han aumentado los servicios de vivienda: 13,8%. La inflación global en la capital aragüeña se ubica en 22,8%, la quinta más alta del país.

Comida cara. Ni la ropa ni los servicios básicos producen tanta preocupación entre los marabinos como tener que resolver la alimentación de la familia. Eso piensa Sandy Lugo, de 34 años de edad, habitante de Las Termas, en el norte de Maracaibo. En su casa viven 6 personas. "A veces hay que ir a los Mercal para conseguir las cosas más baratas. Si no hay allí, me voy a los supermercados. Yo gasto 600 bolívares semanales en compras".

Melissa Vera, de 55 años, afirmó que la comida está muy cara. En su casa de Los Haticos, en el sur de la ciudad, habitan 8 personas. "Con la cantidad de dinero que se compraba antes ahora sólo se compra la mitad. Buscamos los productos más económicos". Rechaza comprar en Mercal: "No me gusta la comida de allí".

Yenzy Petit, de 33 años, vive con su esposo en Los Haticos. Compra a diario porque no le alcanza el dinero para ir semanal o quincenalmente al supermercado. "En víveres gastamos más de 80 bolívares diarios. Compro por lo general, en una bodega que está por la casa".

Hay ciudades que, aunque no se encuentran entre las más inflacionarias de 2010 en el promedio global, registran incrementos de precios por encima al resto en algunos de los 13 rubros que toman en cuenta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística para hacer la medición.

Maracaibo, por ejemplo, es la ciudad con más inflación en educación con 24,1% y bienes diversos –incluye cuidado personal, seguros y servicios bancarios– con 26,1%. La capital zuliana presente el segundo mayor índice en alimentos (30,3%) y equipamiento del hogar (24,8%).

Barquisimeto es dónde más se ha encarecido el esparcimiento y la cultura, que incluye equipos audiovisuales, artículos de recreación, servicios culturales, periódicos, libros y paquetes vacacionales. La inflación de la capital larense en este rubro es 28,5%, casi tres puntos más que el promedio.

"Ya no se pueden comprar ni las mismas cantidades ni los mismos productos; nada de lujo. Para que pueda alcanzar el dinero hay que comprar únicamente lo necesario", señaló Rosa Araujo, jefa de un grupo familiar integrado por 5 personas, que vive en Barquisimeto. Este año su capacidad de compra y acceso a bienes y servicios disminuyó 50%. "Para los barquisimetanos está difícil comprar comida, los precios están por las nubes. ¿Ir a un supermercado? Imposible", expresó.

Su estrategia consiste en adquirir los productos en diversos establecimientos para extender el presupuesto. "Para mantener a mi familia necesito por lo menos 5.000 bolívares mensuales, con eso pago comida, salud, transporte y servicios básicos. Solo para alimentación destino la mitad de esa cantidad".

Esta cantidad es la que también necesita Nathaly Gozaine para mantenerse ella, a su madre enferma y pagar una doméstica. "Gasto la pensión de mi mamá y mi sueldo, pero no me alcanza. Todos los meses saco un adelanto de mis prestaciones sociales para poder reunir lo necesario que me permita vivir como clase media".

La enfermedad de su madre requiere de una inversión en salud constante. "Mi mamá sufre de Alzheimer y este año acaba de agotarse la cobertura del seguro al que la tengo afiliada. Menos mal que el año ya va a terminar porque sino cómo haría para costear esos gastos en clínicas privadas y medicinas, por eso debo cuidar mucho mi HCM", contó Gozaine.

Escrito junto con Equipo de Corresponsales
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Pacientes de emergencia se duplicaron en los últimos 5 años

2010-11-27T06:20:00.000-08:00

Las salas de emergencia de los centros de salud privados reciben 100% más pacientes que hace cinco años, aseguró Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Eso ha causado una saturación del servicio, ya que no cuentan con la estructura necesaria para atender a tantas personas, agregó.

García –que participó en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para analizar los proyectos de ley en materia de salud que se discuten en la Asamblea Nacional– señaló que los legisladores deben comprender la realidad de toda la cadena de servicio médico para hacer una mejor regulación.

Lo primero que debe indicar el marco legal del sector salud, según García, es un fortalecimiento del sistema gubernamental. "A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años, las clínicas privadas atienden a 30% de la población, refieren cifras oficiales. El restante 70% es tratado en los hospitales públicos".

El dirigente gremial cree necesario un sistema público único. "El Gobierno ha hecho una gran inversión en salud, pero la dispersión en la prestación del servicio el ministerio, el Seguro Social, el Ipasme, las misiones, entre otros disminuye la eficiencia". Aclaró que no se trata de centralizar, sino de fijar procesos que sean cumplidos por todas las instituciones.

Aplaude iniciativas como Barrio Adentro, pero apuntó que deben corregirse las fallas que ha presentado. "El sistema de atención primaria debe reforzarse, porque eso ayudaría a reducir el número de pacientes que ingresa a las emergencias, de clínicas privadas y de hospitales públicos".

Dificultades. García señaló que la eliminación de la clave de emergencia es positiva, pero afirmó que ha traído dificultades al aumentar la cantidad de pacientes que asiste a los centros de salud privados, ya congestionados.

Al ser consultado sobre las denuncias de que se continúa negando la atención de emergencia, insistió en que el juramento médico y la ley vigente obligan a prestar el servicio. Lo que ha sucedido es que se debe priorizar los casos más graves –heridas de bala, infartos, entre otros– por la saturación, agregó.

Las clínicas también están afectadas por los retrasos de hasta 100 días que han tenido algunas compañías de seguros para cancelar los recibos correspondientes a coberturas.

García precisó que no se trata de una situación generalizada, pero indicó que la deuda supera el millardo de bolívares, incluidos 500 millones de bolívares de La Previsora.

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Ingresos del Fisco superan en 12% meta establecida

2010-11-26T06:16:00.000-08:00

Los ingresos corrientes de la República durante los primeros 10 meses de 2010 sumaron 141,4 millardos de bolívares, lo que representa 12% por encima de la meta de 126,2 millardos, según el informe mensual de la Oficina Nacional del Tesoro.

El reporte muestra que los ingresos petroleros se encuentran ligeramente por debajo de la meta (98,7%), debido a que Pdvsa ha cancelado 1,7 millardos de bolívares en dividendos, cuando la expectativa era que el monto entregado por la empresa estatal fuese 4,3 millardos.

Los ingresos no petroleros también son levemente menores que los previstos (98,1%), a pesar de que el Seniat cumplió la meta al lograr una recaudación de 82,8 millardos de bolívares hasta octubre. En este caso la falla viene por los ingresos relacionados con la gasolina y otros conceptos.

Las cifras de la Tesorería nacional indican que los ingresos extraordinarios han permitido compensar las menores entradas de recursos petroleros y tributarios. El Gobierno ha recibido 19,4 millardos de bolívares por este concepto, 925,2% más que los 2,1 millardos de bolívares presupuestados.

Economistas han explicado que cuando las autoridades recurren a los fondos parafiscales para cubrir el gasto público, deben reportar ese dinero como un ingreso extraordinario. Allí estaría la razón del incremento de los recursos obtenidos por esa vía.

El gasto público acordado hasta octubre suma 203,2 millardos de bolívares. Se ha ejecutado 78% (159,1 millardos de bolívares) y queda pendiente 22% (44,1 millardos de bolívares). Este año también se pagaron 9,2 millardos de bolívares correspondientes al presupuesto de 2009.

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Aprueban más recursos para pagar aguinaldos atrasados

2010-11-25T13:21:00.000-08:00

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a un crédito adicional por 730,8 millones de bolívares para que el Ministerio de Educación Universitaria pague 30% pendiente de la bonificación navideña a los empleados de las 23 casas de estudios superiores adscritas al despacho.

El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.

La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.

Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.

Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.

Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.

Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.

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Estancada discusión de leyes de vivienda

2010-11-25T13:18:00.000-08:00

Aún no se ha fijado la fecha de la segunda discusión del proyecto de ley de preventa, pese a que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional lo aprobó hace dos semanas. El instrumento legislativo procura regular el negocio inmobiliario después de la expropiación de cinco conjuntos residenciales y la ocupación de otros.

El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.

La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.

Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.

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Trabajadores de Bolívar exigen pago a Min-Vivienda

2010-11-24T13:15:00.000-08:00

Trabajadores de la segunda etapa del conjunto residencial Altos de Cayaurima II, en Ciudad Bolívar, tomaron el edificio del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao (antiguo Inavi) para exigir a ese despacho que asuma el pago de sus reivindicaciones laborales.

Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.

Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.

El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.

Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.

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Exportaciones no petroleras están en su nivel más bajo desde 1997

2010-11-22T12:53:00.000-08:00

La devaluación no sirvió para incentivar las exportaciones no petroleras, como afirmó el Gobierno en enero para atenuar el efecto negativo de la medida. Las cifras de la balanza de pagos del tercer trimestre de 2010, publicadas por el Banco Central de Venezuela esta semana, muestran que las ventas al exterior de productos diferentes al crudo descendieron otra vez.

Las colocaciones en otros países de productos no tradicionales –clave para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo– sumaron 2,45 millardos de dólares de enero a septiembre, esto implica un retroceso de 1,2% con respecto a los 2,48 millardos de dólares de igual período de 2009.

La disminución de las exportaciones no petroleras es de 51,6% al comparar con los 3 primeros trimestres de 2008, cuando sumaron 5,07 millardos de dólares; y 56,7% con respecto a 2006, cuando alcanzaron un máximo histórico de 5,67 millardos de dólares.

Las ventas al exterior de productos diferentes al crudo durante 2010 son las más bajas por lo menos desde 1997 (no hay cifras de períodos anteriores en la página web del BCV). El monto promedio para los 3 primeros trimestres se ubica en 4,14 millardos de dólares desde ese año.

La reducción de las exportaciones no tradicionales, combinadas con el incremento de los precios del petróleo, han provocado que las ventas de crudo y derivados tengan una participación cada vez mayor dentro del balance comercial venezolano.

En 1997, las colocaciones petroleras se situaron en 18,3 millardos de dólares, lo que representaba 76,8% del total de 23,9 millardos de dólares. En los 3 primeros trimestres de 2010, acumulan 45,6 millardos de dólares, 94,9% de las colocaciones en otras naciones.

Rubros que crecen. El retroceso de las exportaciones de productos diferentes al crudo y sus derivados en lo que va de 2010 no ha sido mayor porque rubros como minerales, productos químicos y materiales de transporte han experimentado crecimientos significativos.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que las ventas al exterior de minerales llegaron a 326,6 millones de dólares entre enero y agosto, un aumento de 124,1% en comparación con el monto de 145,8 millones de dólares registrado en el mismo período de 2009.

Casi la totalidad de las exportaciones de este rubro corresponden a hierro (193,8 millones de dólares), hulla (98,6 millones de dólares) y aluminio (4,1 millones de dólares). Las ventas del primero crecieron 62,7%, las del segundo 709% y las del tercero 113,9%.

Las exportaciones de material de transporte subieron de 98,2 millones de dólares entre enero y agosto de 2009 a 141,1 millones de dólares en el mismo período de 2010, un alza de 43,7%. Las de productos químicos pasaron de 185,5 millones de dólares a 263 millones de dólares, 41,8% más.

También han crecido durante este año las ventas al exterior de plástico y caucho (33,6%) y alimentos, bebidas y tabaco (7,2%). Estas últimas han sido impulsadas por cacao y sus preparaciones, con un incremento de 66,6%; y cigarrillos, con un alza de 537,1%.

Mayoría en retroceso. Las exportaciones del resto de los rubros muestran una caída entre enero y agosto de 2010. Las que más han bajado son las de grasas y aceites, que sumaron 1.112 dólares para un descenso de 99,3%; y las de metales preciosos, que totalizaron 26.803 dólares para una disminución de 94,3%.

También han retrocedido de manera significativa durante este año las ventas externas de productos vegetales, con -85,4%; papel y cartón, con -72,3%; instrumentos de medicina, relojería y música, con -69,7%; calzado y accesorios, con -64,7%; y textiles, con -52,7%.

Menos fuertes han sido los descensos registrados en aparatos y materiales eléctricos (-22,6%), productos de origen animal (-22,1%), metales comunes (-17,1%) madera (-15,2%), mercancías diversas (-13,3%), pieles y cueros (-13%) y materiales de construcción (-6,3%).

Los economistas han dicho que la sobrevaluación de la moneda –que persiste a pesar del ajuste realizado en enero– no es el único factor que afecta las exportaciones no petroleras. La inflación, los costos laborales y las dificultades para acceder a las divisas necesarias para importar insumos también restan competitividad a los fabricantes venezolanos.

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Garantizan recursos para aguinaldos

2010-11-20T12:44:00.000-08:00

A pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el jueves un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares para cancelar aguinaldos a los trabajadores de la administración pública, en algunos organismos gubernamentales persiste el malestar por el anuncio de que el pago será fraccionado.

El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.

Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.

Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.

La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.

Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".

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Hay 8 detenidos por caso de urbanismos

2010-11-19T12:40:00.000-08:00

La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que actualmente hay 8 personas detenidas, 4 con régimen de presentación en tribunales y 2 con libertad bajo fianza por las investigaciones contra empresas constructoras e inmobiliarias. También hay 39 ciudadanos con prohibición de salida del país.

En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de "estafa inmobiliaria".

Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento –prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias– contra 38 empresas.

La fiscal no mencionó las personas ni las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.

El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. "Aquí tiene que haber presos", dijo.

El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor –prohibido desde julio de 2009–, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.

Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.

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Regulación hará más énfasis en tarifas de las clínicas

2010-11-19T12:36:00.000-08:00

El marco legal que prepara la Asamblea Nacional para regular el sistema de salud privado hará más énfasis en las tarifas por servicios de las clínicas que en los honorarios profesionales de los médicos, dijo el diputado Rafael Ríos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.

"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.

Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".

Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.

Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.

Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.

Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.

Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.

Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.

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Aprobaron dinero para cancelar aguinaldos

2010-11-18T12:33:00.000-08:00

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares, dirigido a los organismos de la administración pública, para cancelar la primera porción de los 90 días de aguinaldo que decretó el Gobierno para trabajadores y jubilados.

El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.

La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.

Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.

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Proponen ley para compra de inmuebles alquilados

2010-11-18T12:31:00.000-08:00

La Defensoría del Pueblo presentó ante la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de adquisición de propiedad para arrendatarios en condición especial, que propone mecanismos para que los inquilinos de vieja data (más de 20 años) puedan comprar la vivienda donde residen.

"Esta situación afecta particularmente a residentes de urbanizaciones de clase media de Caracas, donde el metro cuadrado tiene un precio muy alto. La idea es determinar el valor real del apartamento para que estas personas puedan adquirirlo", dijo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a los diputados, pero no precisó cómo se hará.

Ramírez también se refirió a la propuesta de ley de procedimiento de arrendamiento para inmuebles destinados a vivienda. En este caso plantea aplicar un proceso judicial basado en audiencias orales y limitar los desalojos hasta que haya una sentencia definitivamente firme.

La diputada Belkis Solis afirmó que estas legislaciones no son para despojar a quienes poseen inmuebles arrendados sino para buscar un procedimiento de alquiler más equilibrado. El parlamentario José Rafael Escalona agregó que se tomará en cuenta la realidad de los propietarios.

El diputado Luis Gamargo indicó que las propuestas de la Defensoría del Pueblo serán evaluadas en función del trabajo realizado por la Comisión y del proyecto legal para regular el sistema de vivienda que el Ejecutivo prevé entregar en los próximos días.

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Recesión se agudiza en construcción y energía

2010-11-17T12:26:00.000-08:00

La economía se mantuvo en recesión durante el tercer trimestre de 2010, con una caída de 0,4%, según el Banco Central de Venezuela. Se trata del sexto período consecutivo con cifras negativas, luego de los descensos registrados en los tres últimos trimestres de 2009 y los dos primeros de este año.

La contracción del producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que ofrece un país– fue impulsada por sectores como construcción, que retrocedió 7,9%, y electricidad y agua, que descendió 7,8%. En ambos casos, los números del tercer trimestre son peores que los del segundo.

El BCV precisó que la caída de la construcción fue más aguda en el sector privado (-13,9%) y admitió que eso fue "motivado, entre otros factores, a la menor disponibilidad de insumos básicos". Los empresarios han advertido sobre los problemas con el suministro de cabillas y cemento.

La minería (-10,6%), la intermediación financiera (-5%), el comercio (-4,4%) y la industria petrolera (-2,1%) también se contrajeron en el período que va de julio a septiembre. El instituto emisor vinculó el descenso de la extracción de crudo con los recortes vigentes desde 2009.

Entre las actividades económicas que mostraron un comportamiento positivo en el tercer trimestre de 2010 se encuentran comunicaciones, con un alza de 9,4%; servicios del Gobierno, con una expansión de 3,2%; transporte, con una subida de 2,7%; y manufactura, con un aumento de 0,1%.

El crecimiento de la industria primero –luego de seis trimestres seguidos en negativo– fue impulsado por los resultados obtenidos por los fabricantes de prendas de vestir (17%), maquinarias y aparatos eléctricos (16,1%), alimentos y bebidas (15,6%) y sustancias químicas (7,5%).

Otras actividades manufactureras siguen en recesión. Es el caso de metales comunes, con una caída de 43,2%; muebles, con un descenso de 30,5%; maquinarias y equipos, con una disminución de 29,5%; y caucho y plástico, con un retroceso de 7,3%.

Los resultados del tercer trimestre redujeron la contracción acumulada durante 2010 a 2,4%. Se necesita un crecimiento superior a 7,5% entre octubre y diciembre para evitar que la economía cierre por segundo año consecutivo en negativo. El PIB cayó 3,3% en 2009.

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Proponen fideicomiso para las preventas

2010-11-17T12:24:00.000-08:00

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteó la posibilidad de que el mecanismo de preventa funcione a través de fideicomisos –constituidos en bancos privados o públicos– en los que se depositen los recursos que los compradores cancelan como inicial, para que sean usados exclusivamente en la construcción de las viviendas preadquiridas.

"Es una propuesta para salvaguardar los intereses de los compradores, pues garantiza que el dinero recibido será utilizado en las obras y no con otros fines, como pareciera que ha ocurrido en algunos casos", dijo Aquiles Martini, presidente del gremio, luego de una reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.

Martini presentó a los parlamentarios las observaciones del sector inmobiliario acerca del proyecto de ley de preventa, aprobado la semana pasada por la Comisión. Además de la figura del fideicomiso, planteó la agilización de la entrega de permisos vinculados con la construcción y de la protocolización de los documentos de propiedad.

"Estamos solicitando una audiencia con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a los problemas con los registros públicos para protocolizar. Algunos sólo aceptan entre 5 y 10 documentos por promotor cada semana. Eso quiere decir que un empresario que tenga 500 viviendas se tardará al menos 50 semanas en este proceso", relató.

La diputada Laura Valls informó que, aunque el proyecto de ley de preventa fue aprobado por la Comisión, tomarán en cuenta las observaciones de la Cámara Inmobiliaria. "La idea es fortalecer este instrumento, que busca evitar las desviaciones que existen en la preventa y proteger a los compradores, sin detener la construcción de inmuebles".

Agregó que también esperan por el proyecto de ley para regular el sector inmobiliario, para saber si el asunto de la preventa será incluido allí o se tratará por separado. En todo caso, espera que antes de que finalice el año haya un marco legal sobre la materia.

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Los sueldos suben más en la empresa privada

2010-11-16T12:20:00.000-08:00

El ritmo de crecimiento de los ingresos del personal de la empresa privada durante 2010 duplica al de los empleados de la administración pública, según el índice de remuneraciones de los asalariados, que el Banco Central de Venezuela publica cada trimestre.

Los sueldos de los trabajadores del sector privado aumentaron 5,2% en el primer trimestre, 7,9% en el segundo y 9,7% en el tercero, para un acumulado de 24,5% durante los primeros 9 meses del año. En comparación con igual período de 2009, el incremento es de 27,4%.

Los salarios de los empleados públicos, en cambio, subieron 3% en el primer trimestre y 6,8% en el segundo, mientras que permanecieron iguales en el tercero. El alza acumulada en 2010 es 9,9%, similar a la variación anualizada, ya que en el cuarto trimestre del año pasado tampoco hubo incremento.

El comportamientodel índice de remuneraciones en 2010 repite lo sucedido en 2009, cuando los sueldos del sector privado crecieron 22,2% y los de la administración pública 19,1%. Entre 2004 y 2008, el Gobierno fue el que llevó la batuta en lo que se refiere a incrementos salariales.

Por debajo de la inflación. El índice de remuneraciones de los asalariados, en general, muestra un crecimiento de 19,8% de enero a septiembre y de 21,7% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes están por debajo de los aumentos registrados en el índice de precios al consumidor.

Al cierre del tercer trimestre la inflación acumulada era 21,2%, mientras que la anualizada era 27,9%. La comparación con el índice de remuneraciones refleja una caída del poder adquisitivo de 1,2% durante el año y 4,8% en los últimos 12 meses.

El retroceso de la capacidad de compra fue reconocido por el BCV. "La cantidad de bienes y servicios de consumo familiar que se puede adquirir es menor en 7,4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2009", indicó el instituto emisor.

Las remuneraciones se encaminan hacia su cuarto año consecutivo con alzas inferiores a la inflación. La última vez que aumentaron más que los precios fue en 2006.

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"Las irregularidades son casos aislados"

2010-11-13T12:11:00.000-08:00

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, aseguró que las irregularidades que pudieran haber en algunos desarrollos residenciales son casos aislados. "Es un error meter a todos los constructores en el mismo saco. Se habla de 2.000 denuncias, una cifra baja con respecto a las casi 100.000 viviendas que se edifican actualmente".

Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".

Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.

Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.

La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".

Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.

Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.

Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.

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Pago atrasado de garantías generará intereses

2010-11-13T12:07:00.000-08:00

El proyecto de ley de instituciones del sector bancario, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el jueves, establece que el fondo de protección social de los depósitos –sustituto del actual Fogade– deberá pagar intereses moratorios en caso de tardarse más de 12 meses en cancelar la garantía a los ahorristas de bancos intervenidos.

El artículo 129 precisa que los intereses moratorios se pagarán de acuerdo con la disponibilidad financiera del fondo y se calcularán "con base en la tasa activa promedio de los 6 principales bancos comerciales y universales del país", a pesar de que el proyecto no prevé la existencia de entidades comerciales.

El monto de la garantía se mantiene en 30.000 bolívares por cada depositante. Pero se faculta al órgano superior del sistema financiero nacional para modificar esa cantidad por lo menos una vez cada 4 años.

En los casos en que se decida liquidar una entidad, el fondo de protección social de los depósitos bancarios tendrá 180 días –contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial del inicio del procedimiento– para deshacerse de los activos, mediante la venta a privados o la transferencia al Estado.

El aporte de los bancos privados no será menor a 0,75% del total de los depósitos que cada institución tenga al cierre del semestre inmediatamente anterior a la fecha de pago, mientras que el de las entidades estatales no podrá estar por debajo de 0,25%.

Todas las instituciones financieras deberán pagar el aporte al fondo en los primeros 5 días de cada mes. De no hacerlo tendrán que cancelar intereses por el tiempo que dure la demora, que en ningún caso podrá exceder de 15 días.

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Nueva ley permitirá al Gobierno tener más control sobre la banca

2010-11-12T11:59:00.000-08:00

El proyecto de ley de instituciones del sector bancario, aprobado ayer en primera discusión por la Asamblea Nacional, aumenta el control del Gobierno sobre la banca, al definir la actividad como un servicio público, declarar las empresas de utilidad pública y sugerir que se establecerá un mínimo para la compra de bonos del Estado, entre otras disposiciones.

"Las actividades reguladas en la presente ley constituyen un servicio público y deben desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución y demás normativas aplicables. Las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza, que permitan o sean usados para el desarrollo de tales actividades, serán considerados de utilidad pública", dice el artículo 8.

El abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la declaratoria de utilidad pública claramente tiene el propósito de facilitar la expropiación de bancos. Igual opinión manifestó el diputado Juan José Molina, de Podemos, durante el debate en la Asamblea Nacional.

Herrera también criticó la calificación de servicio público, puesto que en la práctica ha sido una herramienta del Gobierno para ejercer un dominio total sobre las empresas. "En los bancos pasará lo que sucede actualmente en las empresas de alimentos, que prácticamente no tienen ninguna autonomía porque todas sus operaciones están controladas por el Ejecutivo".

Conversión bancaria. El proyecto de ley reduce los tipos de bancos a dos: universales y microfinancieros. Esto suprime las entidades comerciales, hipotecarios, de inversión y de ahorro y préstamo. Las instituciones que operan con estas denominaciones tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentar un plan de transformación.

Una fuente del sector dijo que la conversión perjudicará de manera particular a los bancos comerciales y de inversión, al obligarlos a hacer un aumento de capital –a estas entidades se les exigía menos que a las universales– y abrir una cartera hipotecaria, de la cual estaban exentos hasta ahora.

El texto legal indica que el capital mínimo para los bancos universales será de 170 millones de bolívares si son nacionales y 85 millones de bolívares si son regionales, mientras que para los microfinancieros será 35 millones de bolívares. Los montos se actualizarán cada dos años.

Auditor electo. En materia de protección de los ahorristas, además de prohibir débitos en cuentas para el cobro de créditos sin la autorización del titular y la capitalización de intereses, se otorga participación en la escogencia del auditor externo de las instituciones financieras.

El artículo 84 precisa que la asamblea de accionistas de los bancos presentará una terna de candidatos a la Superintendencia, que escogerá al auditor externo mediante "un proceso de selección que contará con la participación de por lo menos 20% de los usuarios activos con antigüedad no menor de un año".

Otra novedad del proyecto de ley es la obligatoriedad de crear un fondo social de contingencias, para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores, y de aportar 5% de las utilidades semestrales a financiar proyectos de los consejos comunales.

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Intervendrán construcciones paralizadas más de tres meses

2010-11-11T10:57:00.000-08:00

El proyecto de ley de preventa, que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, permite a los compradores solicitar la intervención de los desarrollos de vivienda cuya construcción se paralice más de tres meses.

La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.

La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.

Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.

Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.

El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.

La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.

Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.

Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.

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Autorizaron emisión de deuda por 717,6 millones de bolívares

2010-11-11T09:07:00.000-08:00

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó las condiciones de una operación de crédito público por 717,6 millones de bolívares. Se trata de pagarés que el Ministerio de Planificación y Finanzas colocará en las próximas semanas para cubrir gasto corriente.

La emisión se enmarca en la Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2010, que permite al Gobierno adquirir compromisos hasta por 45,7 millardos de bolívares. De ese monto, 77% –35,2 millardos de bolívares– será desembolsado este año.

La instancia parlamentaria también autorizó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, por 104 millones de dólares, para financiar inversiones operativas en los sistemas de transporte masivo, y dio el visto bueno a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 140 millones de dólares, para financiar el programa de fortalecimiento de las actividades relacionadas con manejo y disposición de desechos sólidos.

Para Caracas. Hoy se discutirán en la plenaria de la Asamblea Nacional, luego de ser aprobados ayer por la Comisión de Finanzas, 2 créditos adicionales para que el Gobierno del Distrito Capital pague aguinaldos y otros compromisos económicos con los trabajadores. La entidad recibirá 460,4 millones de bolívares.

También se debatirá el proyecto de ley especial de timbre fiscal para el Distrito Capital, que define los montos que las autoridades de la entidad podrán recaudar por este concepto.

La parlamentaria Iroshima Bravo, presidenta de la Subcomisión de Política y Administración Tributaria, indicó que la ley es para cumplir con lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el traspaso a las regiones de la recaudación por concepto de timbres fiscales.

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Productos agrícolas han subido 41,7%

2010-11-11T07:03:00.000-08:00

El encarecimiento de los productos alimenticios se mantiene como el principal impulsor del alza del índice de precios al mayor, que aumentó 0,7% en octubre y acumuló un incremento de 21,9% en los primeros 10 meses de 2010, según el Banco Central de Venezuela.

El mes pasado, los productos que más se encarecieron en la parte intermedia de la cadena de comercialización fueron los avícolas y pecuarios, con 2,7%, y los pescados y mariscos, con 2,4%. Entre los rubros alimenticios se coló maquinarias de oficina, con un alza de 2,5%.

El incremento de precios más elevado en lo que va de 2010, en tanto, se registra en productos agrícolas (41,7%). Los alimentos procesados (20,3%) figuran en el cuarto lugar, por detrás de actividades de edición e impresión (31,7%) y aparatos eléctricos (21,3%).

En los últimos 12 meses la lista de bienes cuyo precio al mayor ha aumentado más está encabezada por actividades de edición e impresión (41,3%), pero luego le siguen productos agrícolas (40,6%), avícolas y pecuarios (26,2%) y alimentos procesados (23,6%).

A pesar de la devaluación del bolívar en enero, el aumento de los precios al mayor en los productos nacionales –0,8% en octubre y 23,3% en 2010– continúa por encima del incremento en los bienes importados, que sumó 0,4% el mes pasado para ascender a 16,6% en lo que va de año.

Economistas han dicho que el efecto de la devaluación en el precio de los productos importados no ha sido tan significativo porque la reducción de las asignaciones de Cadivi en 2008 y 2009 había obligado a buena parte a migrar al mercado paralelo.

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Indicadores siguen en negativo

2010-11-10T10:00:00.000-08:00

Aunque los indicadores adelantados –como los llamó el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes– muestran una mejoría con respecto al período anterior, todo parece indicar que la economía se mantendrá estancada este año.

Las estadísticas de crédito bancario, gasto público, generación de electricidad, y producción y venta de vehículos, entre otras, ciertamente tuvieron mejores desempeños en el trimestre de julio a septiembre que en el período de abril a junio, pero la comparación con el desempeño del año pasado todavía arroja resultados negativos.

La generación de electricidad pasó de un retroceso anualizado de 9,02% en el segundo trimestre de 2010 a una disminución de 6,84% en el tercero, según el Centro Nacional de Gestión. La producción de vehículos moderó su caída de 18,42% a 3,24%, mientras que las ventas suavizaron el descenso de 27,68% a 12,48%, según la Cámara Automotriz de Venezuela.

El gasto público se aceleró debido a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, aunque se mantiene estancado en términos reales, aseguró el economista Maxim Ross. El crédito bancario también muestra un crecimiento anualizado (13,98%, según la Superintendencia de Bancos) que está por debajo de la inflación en los últimos 12 meses.

En materia de expectativas, el panorama tampoco es favorable. La encuesta de coyuntura de Consecomercio mostró que 71,6% de los participantes anticipaba una baja en las ventas durante el tercer trimestre, contra 22,1% que esperaba un incremento. Además, 66,1% consideraba que el empleo en el sector retrocedería y 79,7% aseguraba que no realizaría inversiones.

La encuesta de coyuntura de Conindustria tuvo resultados similares, sobre todo, en materia de inversión: 75% de las grandes empresas manufactureras y 55% de las medianas aseguraron que tenía que conformarse con desembolsar los recursos necesarios para mantenerse operativas, mientras que 58% de las pequeñas industrias ni siquiera estaba en capacidad de invertir en eso.

Cambio de tendencia. Más allá de lo que muestran los indicadores sectoriales, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, insistió en que la economía revirtió el rumbo decreciente en el cuarto trimestre de 2009, cuando tocó fondo con una caída de 5,8%. Recordó que a partir de entonces los retrocesos han sido menores: 5,2% de enero a marzo y 1,9% de abril a junio.

"Ya la tendencia cambió. Eso es lo que no puede aceptar la oposición", dijo Giordani la semana pasada durante su exposición en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre los ingresos de 2011. Y aunque no dio pronósticos sobre el cierre de 2010, sí defendió la meta de expansión del próximo año: "Probablemente el crecimiento será mayor a 2%".

Merentes –que participó en la sesión como invitado– se limitó a decir que los indicadores adelantados del tercer trimestre revelan que actividades como el comercio y la manufactura reaccionaron mejor que en el segundo. Admitió, sin embargo, que todavía hay sectores que se mantienen con problemas, pero no especificó cuáles.

Economistas admiten que hubo un cambio de tendencia, pero dudan que sea suficiente para que Venezuela retome la senda del crecimiento en 2010. "Hay un pequeño repunte comparado con el trimestre anterior, lo cual nos hizo cambiar un poco la estimación para el año, pero aún consideramos que el cierre será negativo", afirmó Maxim Ross.

El especialista agregó que el crecimiento experimentado durante 2010 por el gasto público y el crédito bancario –principales fuentes de financiamiento de la actividad económica– es insuficiente para salir de la recesión. "El primero se mueve al ritmo de la inflación, mientras que el segundo mantiene resultados negativos en términos reales".

José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y ex gerente del BCV, afirmó que no hay una recuperación firme sino un estancamiento. Señaló que la expansión sería mayor si la política económica gubernamental fuese un poco más coherente, principalmente en lo que se refiere a expropiaciones y régimen cambiario.

Guerra advirtió que el pronóstico de los resultados del tercer trimestre sería más fácil si el BCV publicara cada mes –como hacía antes– los datos de comercio e industria, que representan 30% del PIB. A la fecha, sólo están disponibles las cifras hasta junio. "Son 3 meses de retraso. Emplazo al presidente del ente emisor a que publique las estadísticas actualizadas".

Sobre la credibilidad de los datos que publica el BCV, que ha sido cuestionada por algunos especialistas, Guerra indicó que el problema está en otra parte: las empresas estatales –cada vez más numerosas– que proveen al ente emisor información poco confiable sobre su producción.

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Reanudan construcción en El Encantado-Humboldt

2010-11-09T11:19:00.000-08:00

Mientras voceros oficiales anuncian medidas como aseguramiento de bienes contra constructoras y promotoras que cometieron irregularidades, en varios de los desarrollos residenciales intervenidos intentan retomar el ritmo de construcción y de entrega bajo la supervisión del Indepabis.

En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.

El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.

En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.

En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.

En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.

A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".

El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".

Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.

Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.

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Leyes facilitan intervención estatal en el sector vivienda

2010-11-07T10:06:00.000-08:00

Luego de que el Gobierno tomó medidas contra 33 conjuntos residenciales privados en construcción –expropió 6, ocupó 8 y multó 19– el domingo pasado, la Asamblea Nacional anunció que acelerará la discusión de proyectos pendientes como la ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos para atender el problema de la vivienda.

Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.

El proyecto de Ley de Preventa –aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima– refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.

"Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista", establece el artículo 20.

La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones. "Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras", estipula el artículo 19.

Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: "El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad".

A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción. "Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones", dijo.

Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales. "¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?".

Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.

Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. "La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes".

Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. "La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia".

Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.

El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.

Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.

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Exigen carta de consejo comunal para adjudicar viviendas

2010-11-06T10:02:00.000-07:00

Entre los ciudadanos que acuden al Viceministerio de Articulación Social del Ministerio de Vivienda, en la antigua sede del Conavi en Las Mercedes, las quejas principales son la espera prolongada para recibir una casa y los cambios frecuentes en los requisitos. La más reciente modificación es la exigencia de una carta del consejo comunal que certifique la necesidad de vivienda de la persona.

Carmen Altuve, que vive alquilada con sus dos hijos en Brisas de Propatria, asegura que aunque su caso es conocido por las autoridades desde 2004 –cuando participó en el censo del Fondo de Desarrollo Urbano– hace dos meses le pidieron una constancia del consejo comunal para comprobar su condición de inquilina.

A Rafael Rodríguez, que habita junto con su mamá una casa en la carretera a Los Teques que resultó afectada por la construcción del Metro, también le exigieron una carta del consejo comunal que diera fe del problema, a pesar de que ingenieros de la empresa estatal comprobaron en 2005 los daños en la vivienda.

Rodríguez dijo que en principio la compañía Metro de Los Teques se encargó de inspeccionar las edificaciones afectadas y censar a quienes vivían en ellas, pero luego pasaron el caso al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Lamentó que en los cinco años transcurridos desde que ocurrió el percance no ha recibido una respuesta. "Siempre dicen que falta algún requisito", señaló.

Altuve, que acude una vez al mes al viceministerio para conocer el estatus de su caso, cree que la solicitud de otros requerimientos es una estrategia de los organismos gubernamentales ante la imposibilidad de brindar una solución a las personas. "Hay que tener mucha suerte o buena palanca para que te asignen una vivienda", expresó.

Quejas sin respuesta. Yureima Adams, vocera del consejo comunal del sector Bermúdez 2, en Coche, denunció que 21 familias damnificadas por las lluvias a mediados de año permanecen en refugios porque la viceministra de Articulación Social, Egla Rengifo, no ha cumplido la promesa de asignarles viviendas en la urbanización Cacique Tiuna.

Adams mostró una carta, fechada el 10 de septiembre de 2010, en la que se promete reubicar a los damnificados y a otras 50 familias que permanecen en viviendas de alto riesgo. Lamentó que sus quejas no han sido escuchadas, a pesar de que entregaron misivas al presidente Hugo Chávez y al vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.

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"La firma de nuevos contratos fue avalada por el Indepabis"

2010-11-05T09:57:00.000-07:00

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reiteró el rechazo del gremio a la decisión gubernamental de intervenir 33 conjuntos residenciales privados en construcción. "Este tipo de decisiones son muy distorsionantes", dijo.

Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.

"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".

Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.

Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.

Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.

Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.

Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.

Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".

Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".

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Gobierno comenzará a entregar viviendas

2010-11-05T09:55:00.000-07:00

En los conjuntos residenciales intervenidos por el Gobierno desde el domingo hay 460 apartamentos concluidos que serán entregados a sus propietarios en los próximos días, informó el ministro de Comercio, Richard Canán.

El funcionario agregó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat continúa en la labor de determinación del estatus de cada uno de los urbanismos, con el fin de emprender las acciones necesarias para culminarlos.

El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, afirmó que las intervenciones no tienen vuelta atrás. "La medida es irreversible. Era nuestro deber proteger a centenares de familias estafadas por las constructoras".

Jaua ratificó que los apartamentos serán entregados a sus propietarios, para los que exigió respeto. "Es lamentable ver a dirigentes de la oposición que llaman lambucios a estas personas que tienen hasta diez años esperando".

El Indepabis y la Fiscalía, en tanto, instalaron una mesa de trabajo para recibir denuncias y garantizar que las personas que firmaron opciones de compra-venta puedan obtener el documento de propiedad.

Nelson Mejías, representante de la Fiscalía, explicó que para la protocolización es necesario obtener una certificación que emite el Indepabis y verificar que el crédito bancario corresponda al monto por pagar y no a cuotas por índice de precios al consumidor.

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Giordani: La economía crecerá más de 2%

2010-11-04T09:49:00.000-07:00

El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, defendió las premisas macroeconómicas utilizadas por el Ejecutivo para elaborar el presupuesto de 2011, en el primer debate sobre el documento en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Giordani afirmó que el producto interno bruto comenzó a recuperarse luego de tocar fondo en el primer trimestre de 2010 con una caída de 5,8%. "Ya la tendencia cambió. Probablemente el crecimiento será superior a 2%", dijo en referencia al incremento calculado en el presupuesto.

Agregó que el precio del petróleo se mantuvo en 40 dólares por barril no sólo por prudencia ante la volatilidad del mercado, sino también para comenzar a cambiar el modelo rentista por uno productivo. "La idea es que la mayoría de los ingresos provengan de la actividad económica interna".

El ministro negó que calcular el precio petrolero por debajo del promedio real perjudique a gobernaciones y alcaldías. "Hasta el último centavo de los ingresos excedentarios ha sido distribuido a las regiones a través de los créditos adicionales que aprueba la AN".

El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, informó que el instituto emisor trabaja en nuevas formas de medición que tomen más en cuenta el aspecto social. Aclaró que esos indicadores no sustituirán los actuales, sino que los complementarán. "La idea es dar más información".

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Expropiaciones ponen en riesgo culminación de 52.500 viviendas

2010-11-04T09:45:00.000-07:00

De las 70.000 viviendas en construcción que hay actualmente en el país, unas previstas para culminar este año y otras en 2011, se calcula que 75% (52.500) está en manos del sector privado y corren el riesgo de medidas similares a las que dictó el presidente Chávez el domingo sobre 33 conjuntos residenciales, dijo el titular de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.

"Nada hace pensar que estas viviendas no correrán la misma suerte que los desarrollos habitacionales afectados el domingo". Agregó que para sancionar el supuesto cobro ilegal de cuotas atadas al índice de precios al consumidor, en el marco jurídico hay soluciones distintas a las que tomó el Gobierno.

Martini señaló que las medidas, además de incidir directamente en los inmuebles afectados, perjudicarán todo el sector inmobiliario. "La actividad se contraerá. ¿Quién va a querer construir o invertir en un proyecto habitacional con este panorama?", se preguntó.

Promesa incumplida. Los voceros oficiales han dicho que los compradores de los conjuntos residenciales afectados por las medidas gubernamentales deben estar tranquilos porque el Ejecutivo se encargará de terminar los desarrollos y entregar los inmuebles.

La pregunta que se hacen muchos compradores es cuándo se concretará esa promesa. Sobre todo por el antecedente del conjunto residencial La Avileña, tomado por el Gobierno en agosto porque la constructora pertenecía al Banco Federal, intervenido en junio.

"Les aseguro que le vamos a cumplir a todas las familias afectadas", prometió Chávez en el Aló, Presidente del 8 de agosto. "Ya instruí al ministro de Vivienda y Hábitat para terminar lo más rápido que se pueda. Él dice que en dos o tres meses".

El 24 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 5 millones de bolívares para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat culminara la obra. Ese día se informó que los apartamentos de las torres 3 y 4 con 97% de avance al ser intervenidos comenzarían a entregarse el 19 de octubre.

A dos semanas de la fecha prometida, todavía no se ha entregado el primer inmueble. En La Avileña, los obreros aseguraron que continuaban con las labores de construcción, sin embargo, lo único que se percibió fue movimiento de tierras.

Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo y Luzangelly Medina
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Trabajadores de Sidetur continuarán protestas

2010-11-04T09:41:00.000-07:00

Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio manifestaron ayer en la planta de Antímano, junto con vecinos de Carapita y La Yaguara, para rechazar la expropiación. "Continuaremos con las protestas contra la medida, porque es arbitraria y absurda", dijo Claudia Tepedino, empleada de Sidetur.

Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".

La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.

La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.

Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.

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"El Ejecutivo no puede aplicar la ley de manera retroactiva"

2010-11-03T08:16:00.000-07:00

La firma de nuevos contratos de preventa no representa una práctica irregular o ilegal, dijo Alfonso Ávila, director de la Constructora Yuruari, que edifica el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en El Hatillo: "No estamos haciendo nada indebido. Hay un documento firmado antes de la prohibición de cobrar IPC en el que se convino un ajuste de precios. Entonces debemos llegar a un acuerdo sobre cómo aplicarlo. Y lo hemos hecho con 500 compradores".

Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".

Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".

Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".

El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".

Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.

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Trabajadores de Sidetur rechazan expropiación

2010-11-03T06:36:00.000-07:00

La decisión del presidente Hugo Chávez de expropiar la Siderúrgica del Turbio no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, aseguró personal de la compañía mediante un comunicado difundido ayer en la tarde para rechazar la medida gubernamental.

El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.

También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.

Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".

A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.

Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.

Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.

Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.

En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.

Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.

Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.

Escrito junto con Equipo de Corresponsales
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La medida retrasará construcción de casas

2010-11-02T08:30:00.000-07:00

La Cámara Venezolana de la Construcción advierte que la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de otros ocho no servirá para aligerar la edificación de viviendas sino que la retrasará, lo cual "afectará negativamente a las familias que requieren con urgencia una solución a su problema".

El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. "Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica".

Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.

La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. "Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda".

Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.

"Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores", indica en un comunicado.

Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.

"Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos".

La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.

Gobierno controlará la totalidad de la producción de cabillas

2010-11-02T07:39:00.000-07:00

La expropiación de la Siderúrgica del Turbio –anunciada por el presidente Hugo Chávez el domingo– otorgará al Gobierno el control total de la producción de cabillas, insumo fundamental para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.

El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.

"La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción", señala Conindustria en un comunicado.

Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge "que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas".

La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.

"Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos", señala la CVC en nota de prensa.

El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que "es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país".

Acciones legales. La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación. "Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones".

Rechazó las acusaciones de especulación en los precios. "La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%".

Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.

También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.

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Min-Vivienda recibirá menos de 20% del dinero prometido por Chávez

2010-10-23T07:29:00.000-07:00

A pesar de que el discurso del presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas ha hecho énfasis en la necesidad de atender el déficit de vivienda que existe en Venezuela, calculado en 2 millones de unidades por los expertos, el proyecto de ley de presupuesto de 2011, presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, asigna 2,07 millardos de bolívares al ministerio del ramo.

Los recursos que tendrá el despacho de Vivienda y Hábitat para funcionar el próximo año no representan ni 20% de la inversión de 10,75 millardos de bolívares prometida por Chávez recientemente, como parte de un plan de emergencia para el sector que será financiado con dinero proveniente del Fondo ChinoVenezolano y la emisión del petrobono 2017.

El presupuesto del ministerio, además, equivale a 5% de la inversión mínima de 40 millardos de bolívares que se necesita para construir 200.000 viviendas cada año. La edificación de este número de casas, prometida por Chávez hace algún tiempo, permitiría cubrir el crecimiento anual de la población venezolana y comenzar a reducir el déficit acumulado.

Los recursos asignados al despacho encargado del área –en 2010 era el Ministerio de Obras Públicas, creado el año anterior por la fusión de las carteras de Infraestructura y Vivienda– siempre han sido deficitarios. Los créditos adicionales aprobados por la Asamblea han sido utilizados con frecuencia para financiar las construcciones, dijeron fuentes del sector.

Transferencias. De los 2,07 millardos de bolívares asignados al Ministerio de Vivienda y Hábitat en el presupuesto de 2011, 190 millones de bolívares serán para gastos de personal, 48 millones de bolívares para el pago de servicios, 35 millones de bolívares para la compra de materiales y 34 millones de bolívares para la adquisición de activos reales.

El grueso del presupuesto del despacho –1,76 millardos de bolívares– se irá en las transferencias y donaciones para los organismos adscritos, entre los cuales se encuentran el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Fundación Propatria 2000.

El Banavih recibirá el próximo año 1,05 millardos de bolívares, 520% más que los 169 millones de bolívares de 2010. Al Inavi le asignarán 500 millones de bolívares en 2011, 43% más que los 350 millones presupuestados para este año.

La Fundación Misión Hábitat tendrá 150% más, con 58 millones de bolívares. La Fundación Propatria 2000, en cambio, se manejará con 98% menos recursos: 28,4 millones de bolívares.

Menos cuantiosos son los presupuestos asignados a la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción (3,5 millones de bolívares), el Centro Rafael Urdaneta y la Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana (750.000 bolívares para cada una).

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Aseguradoras entregaron plan de ajuste a nueva ley

2010-10-23T07:26:00.000-07:00

El plazo de 60 días hábiles que otorgó la Ley de la Actividad Aseguradora para que las empresas del sector entregaran al organismo supervisor el plan de ajuste al nuevo marco legal terminó ayer. Alesia Rodríguez Pardo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, informó en un comunicadoque más de 90% de las compañías cumplieron con su obligación antes de la fecha fijada.

Precisó que ahora es necesario que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora apruebe el plan de ajuste presentado por cada empresa, con las modificaciones que considere necesarias. Una vez recibido el visto bueno, las aseguradoras tendrán seis meses para aplicar el plan. Rodríguez Pardo recordó, sin embargo, que las compañías ya han adoptado las disposiciones que eran de ejecución inmediata.

La representante gremial reiteró que la ley contiene imprecisiones y vacíos que tendrán implicaciones legales, operativas y financieras, además de afectar a los usuarios del servicio. "Seguimos reiterando ante la colectividad que, aunque cada empresa presentó con éxito su plan de ajuste, queda el reto conjunto entre los sectores público y privado de resolver a través de las reglas y las normas prudenciales las imprecisiones y vacíos que tiene la ley".

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Divisas para viajeros disminuyeron 59,7%

2010-10-22T07:23:00.000-07:00

Cadivi autorizó 1,1 millardos de dólares para los viajeros al exterior entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2010, una caída de 59,7% en comparación con los casi 2,8 millardos de dólares aprobados en el mismo período del 2009.

El monto para consumos en el exterior con tarjetas de crédito fue de 850,1 millones de dólares, 66,5% menos que en 2009, mientras que el efectivo para viajes sumó 264,4 millones de dólares, 16,7% más, según datos publicados por el organismo en su página web.

Las divisas aprobadas en los 3 primeros trimestres de 2010 por todos los conceptos estipulados en el régimen cambiario sumaron 21,3 millardos de dólares, 3,17% más que los 20,7 millardos de dólares del año pasado.

La mayoría de las autorizadas entre enero y septiembre por Cadivi corresponden a importaciones. Este rubro sumó 18,1 millardos de dólares y presentó un crecimiento de 14,7% en comparación con 2009.

Otros conceptos que recibieron más dólares que el año pasado fueron casos especiales (+129,4%), líneas aéreas (+63,4%), estudiantes (+36,4%), remesas a familiares (+26,1%), jubilados (+22,4%) y telecomunicaciones (+15,6%).

Cadivi, en cambio, recortó la asignación de divisas oficiales para inversión extranjera (-94,7%), servicios (-78,6%), deuda externa privada (-76,8%), seguros (-41,4%) y representaciones diplomáticas (-41,3%).

Cifras diferentes. Aunque las cifras publicadas por Cadivi muestran que la asignación de divisas sumó 21,3 millardos de dólares y creció 3,17%, el comunicado de prensa que el organismo envió ayer habla de 27 millardos de dólares aprobados y 10% de aumento.

Juan Socías López –presidente del Grupo Soluciones, firma especializada en el control de cambio– considera que la diferencia puede explicarse con un detalle: la nota de Cadivi afirma que el monto fue asignado por el Banco Central de Venezuela.

El economista recordó que el ente emisor liquida divisas que no pasan por Cadivi, como las correspondientes a las importaciones que hacen directamente las empresas estatales.

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Venezuela retrocedió en índice mundial de presupuesto abierto

2010-10-20T07:15:00.000-07:00

La información que ofrecen las autoridades sobre el manejo de los recursos públicos continúa siendo deficiente, según el índice de presupuesto abierto 2010, en el que Venezuela obtuvo 34 puntos contra 35 en 2008 y figuró en la posición 63 entre 94 países evaluados.

El estudio, realizado por la International Budget Partnership en colaboración con organizaciones no gubernamentales de cada país participante, evalúa la cantidad y la calidad de la información disponible al público en las fases de elaboración, aprobación, ejecución y fiscalización del presupuesto.

Para ello se toman en cuenta ocho documentos: el anteproyecto, la propuesta del Ejecutivo, la ley, el presupuesto ciudadano, los informes trimestrales, la revisión semestral, la memoria anual y el reporte de la Contraloría, indicó el economista José Manuel Puente, encargado del estudio en Venezuela.

Puente señaló que el mal resultado obtenido por el país obedece a que hay documentos que no se publican –el anteproyecto, el presupuesto ciudadano y los informes trimestrales y semestrales– y otros que se difunden, pero carecen de datos suficientes para analizar la gestión gubernamental.

Agregó que la existencia de fondos paralelos empeora la calificación venezolana. Destacó que la contraloría social se convierte en una quimera cuando la información pública no está a disposición del ciudadano.

Entre los peores. El índice de presupuesto abierto clasifica a los países en cinco grupos, en función del puntaje obtenido por cada uno: los que ofrecen información extensa, suficiente, alguna, mínima o nula.

Sólo siete países Sudáfrica, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia y Estados Unidos dan información extensa a sus ciudadanos. Otros 13 incluidos –Chile, Brasil, Perú y Colombia– brindan datos suficientes.

Más de un tercio de las naciones evaluadas se colocó en el grupo que ofrece alguna información, mientras que Venezuela se ubicó entre los 19 países que brindan datos mínimos.

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Plan de emergencia alcanza para cubrir 3% del déficit de viviendas

2010-10-18T07:22:00.000-07:00

Las medidas de emergencia para solventar la crisis en el sector vivienda, anunciadas a cuentagotas por el presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas, son insuficientes para que se logre construir las 200.000 unidades que –según expertos– se requieren cada año en Venezuela.

Chávez ha dicho que el plan gubernamental consiste, entre otras cosas, en una inversión extraordinaria de 2,5 millardos de dólares: 1 millardo de dólares del Fondo ChinoVenezolano y 1,5 millardos de dólares de la emisión de bonos que Pdvsa lanzará hoy.

Si el costo de construcción de cada vivienda es de 200.000 bolívares, como reconoció el mandatario recientemente, los 2,5 millardos de dólares que el Gobierno invertirá equivalentes a 10,75 millardos de bolívares alcanzan para edificar 53.750 unidades.

El número de viviendas que se pueden construir con los recursos anunciados representa 27% de la cantidad requerida cada año y 3% del déficit acumulado, que organismos privados y públicos calculan en 2 millones unidades.

Para edificar 200.000 viviendas cada año, la inversión necesaria asciende hasta 40 millardos de bolívares. Es decir, se requiere 272% más que lo anunciado por Chávez. Esa quizás sea una de las razones por las cuales el mandatario invitó al sector privado a contribuir con el Gobierno.

Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indica que las constructoras privadas no sólo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. "Debemos incluirnos todos. No hay otra forma de resolver el problema", señala.

A paso lento. Chávez afirma que el problema de la vivienda fue heredado de gobiernos anteriores; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el déficit ha aumentado durante su gestión.

Entre 1999 y 2009 el Gobierno y la empresa privada construyeron 487.000 viviendas, para un promedio de 44.000 por año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se necesita: 100.000 unidades para atender el crecimiento poblacional y 100.000 más para empezar a reducir el déficit acumulado.

Los peores resultados se observaron entre 1999 y 2005, cuando el número de casas construidas promedió 24.000. La cifra aumentó hasta 85.000 de 2006 a 2009, impulsada por la aprobación de reglas claras para el sector y la bonanza petrolera.

En el primer semestre de 2010, sin embargo, hubo un retroceso se terminaron 26.000 viviendas, 45% menos que en el mismo período del año pasado por factores como la recesión económica, el racionamiento eléctrico, la falta de insumos y las modificaciones de la normativa legal.

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Ofrecen título con 8% de interés para canje del petrobono 2011

2010-10-16T07:59:00.000-07:00

Petróleos de Venezuela convocó a los tenedores del petrobono 2011, un título sin intereses que vence en julio del próximo año, a canjear ese papel por otro con cupón de 8% y vencimiento en 2013.

El factor de canje del bono es de 1,125 antes del 28 de octubre a las 10:30 de la mañana y de 1,095 desde esa fecha hasta el 12 de noviembre, cuando vence el plazo para la presentación de ofertas de intercambio.

Eso quiere decir que por cada 1.000 dólares del petrobono 2011, los tenedores recibirán 1.125 dólares del petrobono 2013 si presentan su oferta en la primera etapa y 1.095 dólares si lo hacen durante la segunda fase.

Los resultados del canje se anunciarán el 15 de noviembre y dos días después se liquidarán los nuevos papeles, que serán inscritos en el mercado de deuda soberana de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Pdvsa decidió canjear el petrobono 2011 para reducir los compromisos que tenía previsto cancelar el próximo año, que sumaban 3,3 millardos de dólares.}

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Gobierno contratará en 2011 54% más deuda que este año

2010-10-14T08:35:00.000-07:00

Las necesidades de financiamiento del Gobierno se incrementarán 54% en 2011, según los datos ofrecidos por el vicepresidente Elías Jaua sobre las leyes de presupuesto y endeudamiento para el próximo año, que serán presentadas hoy por el Ministerio de Planificación y Finanzas en la Asamblea Nacional.

Los egresos de 2011 ascienden hasta 204 millardos de bolívares, lo que representa un aumento de 28% con respecto al monto inicial de 159 millardos de bolívares previsto para 2010. El gasto siempre aumenta durante el año gracias a los créditos adicionales autorizados por el Parlamento.

Los ingresos ordinarios –que en el caso venezolano provienen casi en su totalidad de la renta petrolera y la recaudación tributaria– sumarán 150 millardos de bolívares el próximo año, lo que significa un alza de 21% en comparación con los 124 millardos de bolívares calculados en 2010.

La diferencia entre el crecimiento de los gastos (28%) y de los ingresos (21%) es lo que explica el aumento de 54% en las necesidades de financiamiento del Gobierno, que en 2011 ascenderán a 54 millardos de bolívares y representarán 26% del presupuesto total.

La ley especial de endeudamiento de 2010 autorizó al Ejecutivo a adquirir compromisos por un máximo de 35 millardos de bolívares, equivalentes al 22% del presupuesto. De manera que entre un año y otro el porcentaje de gastos cubiertos con deuda subió en 4 unidades.

Economistas han cuestionado al Gobierno por el ritmo acelerado al que crece la deuda pública. Destacan que este año, por ejemplo, no sólo se contrató el monto permitido por ley sino también se adquirió un préstamo con China por 20 millardos de dólares que será pagado con envíos de petróleo.

Las cifras oficiales muestran que, al cierre del primer semestre de 2010, los compromisos externos de la república suman 34,8 millardos de dólares y los internos ascienden a 29,2 millardos de dólares, para un endeudamiento total de 64 millardos de dólares.

Entorno similar. Aunque el Ministerio de Planificación y Finanzas llevará hoy las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011 al Parlamento, será la próxima semana cuando el titular de ese despacho, Jorge Giordani, haga la presentación formal en plenaria. Allí informará, entre otras cosas, las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar ambas legislaciones.

Fuentes han adelantado, sin embargo, que no habrá mayores cambios con respecto a las variables usadas para el presupuesto de 2010: un precio referencial de 40 dólares por barril para la cesta venezolana de crudo y derivados; un alza de entre 20% y 22% en el índice de precios al consumidor; y un crecimiento de 0,5% del producto interno bruto.

El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, confirmó la semana pasada que el precio petrolero se mantendrá igual. A pesar de ello, los ingresos que genera la exportación de crudo aumentarán por los efectos que tuvo la devaluación de la moneda realizada a principios de 2010.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El-juri, ha declarado en los últimos días que la inflación del próximo año estará por debajo de 20%. Por eso se espera que el pronóstico gubernamental se ubique alrededor de esa cifra.

Los voceros oficiales han sido más cuidadosos al referirse al desempeño de la economía, que retrocedió 3,3% en 2009 y 3,5% en el primer semestre de 2010. Pero todos afirman que la actividad productiva ha comenzado a recuperarse y esperan un crecimiento, aunque sea modesto, para 2011.

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Fogade convoca a 5.000 ahorristas de Banpro e Inverunión

2010-10-14T08:31:00.000-07:00

Fogade convocó a 5.000 clientes de Banpro e Inverunión para que presenten los documentos que comprueban que tenían montos superiores a 30.000 bolívares máximo garantizado por el organismo gubernamental en esas instituciones financieras en liquidación. El llamado proceso de calificación de acreencias comenzará mañana y terminará el 5 de noviembre.

De 384.342 ahorristas que tenía Banpro al momento de ser intervenido, en noviembre del año pasado, 4.786 contaban con saldos por encima de 30.000 bolívares. En Inverunión, tutelado por el Gobierno desde enero de 2010, 156 clientes de un total de 2.815 excedían esa cantidad, informó David Alastre, presidente de Fogade.

Los pagos a quienes tenían montos superiores al garantizado por el organismo gubernamental suman 142,8 millones de bolívares en Banpro y 1,1 millardos de bolívares en Inverunión. A diferencia de las garantías, que se cubren con recursos de Fogade, la cancelación de estas acreencias se hace mediante la liquidación de los activos de las entidades.

Para atender a los usuarios de Banpro e Inverunión se habilitaron siete oficinas en Caracas, Maracaibo, Maturín, Porlamar y San Cristóbal. Alarde hizo un llamado para que los clientes aprovechen la oportunidad de recuperar su dinero, pues de lo contrario tendrán que esperar un segundo llamado, que dependería de la disponibilidad de recursos.

Continúa el pago. El proceso de calificación de acreencias para los clientes de Baninvest se realizará entre el 29 de octubre y el 19 de noviembre; mientras que a los usuarios de los bancos Canarias y Del Sol les tocará el turno entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre. En todas las entidades el porcentaje de clientes con montos superiores a 30.000 bolívares es muy bajo.

Los ahorristas del Banco Federal deberán esperar un poco más, pues la entidad todavía está en la fase de intervención. Alastre espera que en los próximos días se finiquite esa etapa para comenzar la liquidación, que anticipó será muy rápida porque se han tomado medidas como la venta de la cartera de créditos (al Banco de Venezuela) y de la sede principal (al Banco Bicentenario).

Sobre el proceso de cancelación de garantías a los ahorristas, el presidente de Fogade informó que el monto pagado suma 3,2 millardos de bolívares hasta el 11 de octubre. A quienes no han cobrado, les recordó que el plazo para hacerlo es de 12 meses, contados desde el día en que se decidió liquidar la institución donde tenían sus recursos.

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Sistema financiero se mantiene como punto débil de la economía global

2010-10-13T08:30:00.000-07:00

El Fondo Monetario Internacional mejoró sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial, al calcular que se expandirá 4,8% en 2010 y 4,2% en 2011, pero mantiene sus reservas en cuanto a los avances logrados en el área de finanzas, que fue el punto de partida de la recesión experimentada por el planeta en 2009.

"El sistema financiero se encuentra aún en un período de significativa incertidumbre y sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación económica", asegura el FMI en el informe semestral sobre la estabilidad financiera mundial, publicado la semana pasada junto con el documento de perspectivas macroeconómicas.

Los trastornos ocurridos a mediados de 2010 en los mercados europeos de deuda desatados por los problemas fiscales en Grecia y otros países pusieron de relieve la mayor vulnerabilidad de los balances bancarios y soberanos, y representaron un revés en el camino hacia la estabilidad del sistema financiero, según el organismo multilateral.

Pero no todo es negativo. El FMI descarta que la vulnerabilidad en el área de finanzas perjudique el crecimiento económico. El informe, más bien, parte de la premisa de que la situación del sector financiero mejorará a medida que la recuperación del producto interno bruto del planeta se consolide, impulsada principalmente por las economías emergentes.

Considera, además, que las medidas tomadas para afrontar la turbulencia en los mercados europeos de deuda soberana fueron acertadas. "La respuesta decisiva en el ámbito nacional y supranacional sobre todo a través del suministro de información detallada sobre los balances bancarios- contribuyó a estabilizar los mercados de fondeo y mitigar los riesgos".

Riesgo latente. La respuesta adecuada ante la situación crítica no ha alejado la incertidumbre de los mercados financieros. "La agudización de los riesgos macroeconómicos a la baja, las presiones de financiamiento soberano y las tensiones del fondeo podrían complicar la situación, lo cual exigiría hábiles maniobras en las políticas", advierte el FMI.

En Europa los riesgos soberanos se mantienen elevados por la alta carga de la deuda pública, la desfavorable dinámica de crecimiento, el aumento de los riesgos de refinanciamiento y las vinculaciones con la banca. "Será necesario continuar con medidas de política decididas para seguir avanzando hacia el fortalecimiento de la capacidad de resistencia del sistema financiero".

En Estados Unidos el problema es el traslado de los desequilibrios del sector privado al público. "Las necesidades de capital aparentemente modestas de los bancos reflejan la gran escala de las empresas semiestatales y de otras intervenciones públicas, sin las cuales habrían sido sustancialmente mayores. Esto pone de relieve en qué grado el riesgo se ha transferido".

El panorama financiero de Japón luce más estable, porque la estabilidad del ahorro interno y el superávit en la cuenta corriente reducen las necesidades de captar fondos externos. La situación es aun mejor en los mercados emergentes porque, en vista de los problemas en los países avanzados, resultan cada vez más atractivos para los inversionistas.

Tres pasos. Para minimizar los riesgos financieros se requiere, según el FMI, avanzar en tres direcciones: afrontar los problemas que arrastra el sistema bancario, fortalecer los fundamentos de los balances soberanos y concretar las reformas regulatorias.

La primera tarea implica "planificar y estructurar el desmantelamiento del respaldo extraordinario brindado al sistema financiero, incluida la eliminación de las garantías públicas a la deuda bancaria". También reestructurar las entidades más débiles mediante clausuras, recapitalizaciones o fusiones.

El fortalecimiento de los balances soberanos se logrará con un respaldo supranacional a los países que enfrentan tensiones inmediatas y con políticas de gestión de la deuda que prolonguen el vencimiento de los papeles en la medida en que lo permitan las condiciones de mercado.

La concreción de las reformas regulatorias retrasadas por la falta de acuerdo entre los países requiere "suprimir los intereses nacionales a favor de un sistema financiero mundial que sea más estable y funcione mejor". El FMI indica que las propuestas recientes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea son un buen punto de partida.

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Ley definirá valor de construcciones que se expropiarán

2010-10-12T08:24:00.000-07:00

La ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas, que el presidente Hugo Chávez propuso el domingo para permitir que el Gobierno tome el control de las construcciones de vivienda del sector privado que están paralizadas, fijará los mecanismos para calcular el valor de las obras que se expropiarán y para efectuar el pago a las empresas promotoras.

"La propuesta del Gobierno es comprar los conjuntos residenciales que están detenidos para terminarlos. Hay que recordar que algunas empresas optaron por dejar de construir después de que se prohibió cobrar cuotas vinculadas al índice de precios al consumidor", argumentó el diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.

Agregó que el nuevo marco legal es necesario porque las legislaciones vigentes son insuficientes para lograr el objetivo gubernamental: la Ley de Tierras Urbanas es solamente para lotes baldíos dentro de las ciudades, y la reforma de la Ley de Contrataciones es para las construcciones encargadas por el sector público que están paralizadas.

La propuesta de ley de emergencia y regularización de las tierras urbanas llegará al Parlamento en los próximos días, según Chávez. Gamargo afirmó que los diputados aprobarán la legislación lo más pronto posible, pues es una necesidad básica de la población.

Falta de insumos. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó la ley propuesta por el mandatario. "Más que amenazar y expropiar, lo que debe hacerse es implementar una política de inclusión y romper los paradigmas que no permiten avanzar hacia la superación del déficit de 2 millones de viviendas que existe en el país".

También reprochó que se acuse al sector de paralizar las construcciones. Admitió que es posible que haya obras detenidas por "la distorsión que genera la ausencia de un mecanismo como el cobro de IPC para ajustar el precio de la vivienda en función de la inflación", pero señaló que también existen otras razones como la falta de materiales.

Los constructores se han quejado en los últimos meses por los problemas para conseguir acero y cemento, debido a la caída en la producción de ambos rubros, controlada por empresas estatales. También han advertido sobre las dificultades en la obtención de las divisas que necesitan para adquirir insumos importados, como los ascensores.

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Inversión extranjera tiene un déficit de $ 2,4 millardos desde 2006

2010-10-10T06:41:00.000-07:00

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela sobre inversión extranjera ratifican lo que economistas y empresarios han advertido en reiteradas ocasiones en los últimos años: existe una relación directa entre la decisión del presidente Hugo Chávez de profundizar el modelo socialista y la disminución del flujo de recursos que ingresa en el país.

Aunque la entrada de capitales foráneos a Venezuela comenzó a retroceder desde el momento en que Chávez asumió la Presidencia, al pasar de 4,99 millardos de dólares en 1998 a 2,89 millardos de dólares en 1999, la inversión directa en el país mantuvo un saldo positivo en los primeros 7 años de gestión del mandatario.

Entre 1999 y 2005 el indicador acumuló un superávit de 18,2 millardos de dólares, para un promedio de 2,6 millardos de dólares cada año. El monto es mínimo comparado con lo recibido por otros países de América Latina durante ese período, pero lo importante para Venezuela era que el dinero que entraba superaba al que salía (vía repatriación de capitales o venta de activos).

La tendencia cambió a partir de 2006, cuando la inversión directa cerró con un déficit de 508 millones de dólares. Desde entonces, el indicador acumula un saldo negativo de 2,4 millardos de dólares un promedio de -480 millones de dólares anuales a pesar de los resultados positivos obtenidos en 2007 (1 millardo de dólares) y 2008 (349 millones de dólares).

El viraje de saldo positivo a negativo en las inversiones extranjeras coincide con el período de radicalización del Gobierno. En 2005 se intensificó la política de intervención de tierras rurales mediante la cual se han ocupado 2,9 millones de hectáreas y se concretó el proceso de migración a empresas mixtas de los convenios operativos del sector petrolero.

En 2007 el Ejecutivo comenzó la estatización de actividades económicas consideradas estratégicas: tomó el control de la Cantv, de las compañías de energía eléctrica y de las asociaciones de la faja petrolífera del Orinoco. El proceso continuó en 2008 con la expropiación de Sidor y las fabricantes de cemento (Cemex, Holcim y Lafarge).

Desconfianza creciente. La formación bruta de capital fijo referida a los recursos invertidos por empresas nacionales y extranjeras también muestra que el sector privado ha sido muy cauteloso desde 2006, aunque la bonanza generada por los altos precios del petróleo permitió que este indicador creciera 2,6% ese año y 9,7% al siguiente, según el BCV.

El incremento de la inversión privada durante esos años, sin embargo, se concentró en bienes inmuebles y unidades de transporte. El desembolso de recursos para adquirir maquinarias y equipos, que incide más directamente en el incremento de la capacidad de producción, retrocedió 20,1% en 2006 y 1,9% en 2007.

Ya en 2008 la formación bruta de capital fijo del sector privado cerró con una caída de 21,2%, mientras que en 2009 hubo una disminución de 2,9%. Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, afirma que estas cifras no responden solamente al deterioro de la actividad productiva, sino que también reflejan la desconfianza creciente de los empresarios nacionales y externos.

"¿Cómo se le puede pedir a un inversionista de cualquier tamaño, porque el señor que usa sus ahorros para comprar un carrito de perro caliente también es un inversionista que deje sus recursos en Venezuela cuando no hay seguridad jurídica y existen documentos oficiales que hablan de la estatización de la economía y la supresión de la propiedad privada?", pregunta.

Larrazábal recuerda que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 también llamado Proyecto Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación establece que el Estado asumirá gradualmente el control de las actividades estratégicas, un concepto que empezó con la industria petrolera y que cada vez se hace más amplio.

Agrega que las bases programáticas del PSUV, aprobadas en 2010, plantean eliminar al sector privado monopólico término usado a conveniencia por el Gobierno, según Larrazábal , limitar las empresas mixtas a asociaciones con firmas extranjeras y restringir la propiedad al patrimonio personal y familiar, "que no puede usarse para la explotación de trabajo ajeno".

Malas expectativas. La recuperación de la inversión nacional y extranjera parece difícil, por lo menos en el corto plazo, porque las circunstancias que han ahuyentado los capitales se mantienen e incluso se intensifican y la recesión económica limita las posibilidades de crecer de las empresas.

Un sondeo realizado en el foro ¿Cómo presupuestar para 2011?, organizado por Venamcham la semana pasada, indica que 31% de los empresarios que asistió al evento no tiene previsto ejecutar planes de inversión el próximo año.

La encuesta de coyuntura de Conindustria correspondiente al tercer trimestre de 2010 muestra que 58% de las pequeñas industrias no está en capacidad de hacer inversiones en este momento y 40% debe conformarse con hacerlo en el mantenimiento de sus operaciones.

La mayoría de las industrias medianas y grandes, en tanto, sólo desembolsará recursos para garantizar la continuidad de sus actividades. Larrazábal afirma que es preocupante la ausencia de inversiones para aumentar la capacidad de producción, porque son las que sirven para incrementar la oferta de bienes y de empleos estables, lo cual se traduce en más bienestar para la población.

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Sala situacional en Carabobo recibirá denuncias sobre IPC

2010-10-09T06:36:00.000-07:00

La Asamblea Nacional y el Indepabis acordaron instalar una sala situacional en Valencia para recibir denuncias por el cobro del índice de precios al consumidor y otras irregularidades en la preventa de viviendas, luego de una reunión con las personas afectadas.

El diputado Augusto Montiel dijo que en el encuentro participaron habitantes de Aragua, Carabobo, Falcón, Lara y Yaracuy; que denunciaron situaciones como aumento injustificado de precio, presión para firmar nuevos contratos, reventa de las viviendas y tardanza en la construcción.

Montiel afirmó que sólo en los municipios San Diego y Naguanagua, de Carabobo, hay 15.000 familias perjudicadas por "la estafa de empresas que se hacen llamar constructoras y en realidad no tienen nada o de promotoras que actúan como instituciones financieras".

Aseguró que el trabajo de los organismos gubernamentales ha permitido hacer un inventario de las irregularidades y de las empresas que las cometen. Muchas de las compañías, agregó, ya han sido sancionadas por el Indepabis.

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Recaudación tributaria cayó 2,9% en términos reales

2010-10-08T10:09:00.000-07:00

El Seniat informó ayer que en septiembre obtuvo 8,95 millardos de bolívares por impuestos, 19,6% más de lo previsto para el mes. La recaudación en lo que va de 2010 suma 73,8 millardos de bolívares. El monto representa 89,5% de la meta anual de 82,4 millardos de bolívares establecida por el Gobierno en el presupuesto, destacó el organismo.

La recaudación lograda por el Seniat entre enero y septiembre de 2010 significó un crecimiento nominal de 24,2% en comparación con el mismo período de 2009. Pero al descontar el efecto de la inflación que acumula 27,9% en los últimos 12 meses, según el Banco Central de Venezuela el resultado es una caída de 2,9% en términos reales.

El impuesto al valor agregado, con 4,1 millardos de bolívares en septiembre y 38,7 millardos de bolívares en lo que va de año, continúa como la principal fuente de recursos de la administración tributaria. En 2010 ha provisto 52% de la recaudación. El Seniat no ofreció información sobre los ingresos obtenidos por otros tributos durante el mes pasado.

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Decretos de expropiación incumplen garantías constitucionales

2010-10-07T10:10:00.000-07:00

El decreto de expropiación de Agroisleña, al igual que los de otras empresas tomadas por el Gobierno en los últimos años, incumple con las garantías que la Constitución de 1999 establece para los casos en que es necesario expropiar, aseguró el abogado Tomás Arias, director del Observatorio de la Propiedad Privada de la organización no gubernamental Liderazgo y Visión.

"Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", indica el artículo 115 de la carta magna, que garantiza el derecho de toda persona al uso, goce, disfrute y disposición de sus propiedades.

Arias dijo que ninguno de los requisitos señalados en la Constitución han sido cumplidos por el Gobierno en el caso de Agroisleña, principal proveedora de insumos agrícolas del país. En primer lugar, la expropiación se ordenó sin una declaración previa de utilidad pública, que la Asamblea Nacional debió hacer por tratarse de una empresa con presencia en todo el territorio.

La declaración genérica hecha por el Gobierno en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria –que es la utilizada en el decreto de expropiación de Agroisleña– es insuficiente, según Arias. "La declaración de utilidad pública tiene que ser específica sobre una actividad, un rubro o una instalación; porque debe estar bien justificada".

La ocupación de las instalaciones de Agroisleña en varias ciudades del país por funcionarios de la Guardia Nacional, además, se produjo sin que hubiera un dictamen judicial que la ordenara. El Gobierno tampoco ha hecho el avalúo para determinar el valor de los bienes expropiados. "Es una medida inconstitucional, es una vía de hecho", afirmó Arias.

Sentencia sin juicio. El abogado Luis Alfonso Herrera, integrante del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, agregó que el decreto de expropiación de Agroisleña no ofrece razones adecuadas para justificar la adquisición forzosa.

"El decreto afirma que la empresa incurrió en especulación y prácticas contrarias a la libre competencia. Mi pregunta es ¿dónde están los actos firmes, del Indepabis y de Procompetencia, en los que se declare que Agroisleña cometió esos ilícitos?", dijo.

Herrera indicó que el Presidente no tiene competencia para determinar si la empresa cometió esas irregularidades, de acuerdo con las leyes para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Otra irregularidad que contiene el decreto, según Herrera, es que afirma que la expropiación es necesaria para la ejecución de un proyecto socialista, pero no muestra algún estudio para determinar eso.

"El decreto de expropiación se dictó con total arbitrariedad y sin motivos verificables. Estamos ante una nueva expoliación violatoria de la Constitución de 1999", aseguró Herrera.

Escrito junto con Katiuska Hernández
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Gastos operativos del Bandes Uruguay cuadruplican el margen financiero

2010-10-06T19:30:00.000-07:00

La petición del presidente de Uruguay, José Mujica, a los trabajadores de la filial en ese país del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, para que acepten el plan de reducción de personal propuesto por la institución financiera, ha generado polémica. Pero al observar los balances de la entidad, la solicitud del mandatario parece la única salida posible.

Los gastos operativos han sido un problema para el Bandes Uruguay desde su creación a mediados de 2006, cuando el Gobierno de Venezuela compró 100% de las acciones de la institución denominada Cooperativas Federadas de Ahorro y Crédito, intervenida ese año por las autoridades bancarias uruguayas debido a que arrojaba pérdidas.

Entre las razones de la intervención de Cofac figuraba una estructura de costos muy elevada para el tamaño de la entidad. El cambio de propietario no bastó para dejar atrás ese problema y los números rojos se mantuvieron en los años siguientes. El Bandes Uruguay perdió 16,1 millones de dólares en 2007, 15,5 millones de dólares en 2008 y 26,4 millones de dólares en 2009.

El déficit de la entidad asciende hasta 17,3 millones de dólares entre enero y agosto de 2010. Los egresos operativos aparecen otra vez como la causa principal de las pérdidas, pues suman 27,8 millones de dólares de los cuales 18,1 millones corresponden a gastos de personal y cuadruplican el saldo positivo obtenido en la actividad financiera.

La empresa Moodys advirtió en abril, cuando rebajó la calificación crediticia del banco, sobre el problema que representan los gastos operativos. "La estructura de costos altos e inflexibles, dada la amplia red de sucursales y la cantidad de personal, no es consistente con la capacidad de generar utilidades", dijo en un informe citado por la prensa uruguaya.

Resultados negativos. Los problemas actuales del Bandes Uruguay no se limitan, sin embargo, a una estructura de costos poco sostenible. La actividad financiera de la entidad ha disminuido significativamente durante los primeros 8 meses de 2010, lo cual agrava los problemas.

Los activos se redujeron de 216,2 millones de dólares en diciembre de 2009 a 179,2 millones de dólares en agosto de este año, una caída de 17%; mientras que los pasivos retrocedieron de 181,7 millones de dólares a 152 millones de dólares en el mismo período, un descenso de 16%.

Del lado de los activos sólo las inversiones en títulos valores han crecido en lo que va de 2010, al pasar de 5,1 a 5,6 millones de dólares (+9%). Los créditos bajaron de 133,9 a 112,5 millones de dólares (-16%) y las disponibilidades cayeron de 28 a 16,5 millones de dólares (-41%).

El Bandes Uruguay, además, ha visto crecer los préstamos con dificultades de pago. Los créditos vencidos sumaban 664.721 dólares y representaban 2,42% de la cartera al cierre del año pasado. Ahora son 1,4 millones de dólares y equivalen a 3,95% del total.

El aumento de la morosidad ha provocado una caída de la provisión, dinero que los bancos están obligados a guardar para respaldar los préstamos con problemas. Ésta cubría 76,64% de los créditos vencidos en diciembre, mientras que alcanzaba para 63,46% de ellos en agosto.

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Tetra Pak fabricará en Mariara 75 millones de envases al mes

2010-10-06T19:25:00.000-07:00

En menos de año y medio Tetra Pak, empresa de origen sueco que fabrica envases de larga duración para leche y jugos pasteurizados, pasó de ser una firma cuestionada por el Gobierno por la validez de sus patentes en Venezuela a ser una compañía elogiada por invertir en aumentar la capacidad de producción de la planta que posee en Mariara, estado Carabobo.

"Quiero agradecerles por haber creído en el país. Por haber apostado por Venezuela, aun en condiciones adversas. Gracias por estar aquí y querer permanecer mucho tiempo", dijo Raiza García, representante de Lácteos Los Andes, durante la puesta en marcha de la cuarta línea de producción de la fábrica de Tetra Pak, efectuada el viernes pasado.

La frase gana importancia al recordar que la polémica registrada en 2009 por las patentes de Tetra Pak –en la cual se involucró el presidente Hugo Chávez, que pidió al entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, reformar las normas de propiedad intelectual– se desató luego de que la empresa estatal comenzó a tener problemas con el suministro de envases.

Pero los inconvenientes entre la transnacional y el Gobierno parecen haber quedado en el pasado. La representante de Lácteos Los Andes colocó, incluso, la firma sueca como ejemplo para el resto del sector privado. "Queremos que todas las empresas apuesten por seguir trabajando en este país, por seguir creciendo. El mercado nos los exige".

La cuarta línea de producción, que es de tecnología rusa y requirió una inversión de 5 millones de dólares, permitirá que la planta de Tetra Pak en Mariara produzca 75 millones de envases al mes, en vez de los 45 millones que fabricaba hasta ahora, lo que representa un aumento de 67%. Eso implica que la empresa suministrará al mercado venezolano 900 millones de envases cada año.

De clase mundial. Directivos internacionales de Tetra Pak, que visitaron el país para presenciar la puesta en marcha de la línea de producción, destacaron que la inversión realizada en la fábrica de Mariara no sólo permitió incrementar la capacidad de producción sino que también convirtió la instalación en una de las más modernas del grupo.

"Hicimos los cambios y las mejoras que necesitaba para convertirla en una planta de clase mundial. Es una demostración de nuestra confianza en las operaciones en Venezuela y de nuestra intención de contribuir a desarrollar el mercado de empaques", dice Aluisio Fonseca, presidente de Tetra Pak Norte Andina.

Alex Anavi, vicepresidente ejecutivo de Cadenas de Suministro, considera que la modernización de la fábrica era una cuenta pendiente de la empresa con el país. "Siempre sentí como una deuda porque no teníamos una planta como la queríamos. Ahora puedo asegurar que Mariara está a la altura de nuestras mejores operaciones en el mundo".

Dennis Johnsson, presidente mundial de Tetra Pak, agrega que la nueva línea de producción en Venezuela fortalece la presencia del grupo en América Latina. "La idea es aprovechar la calidad y la cantidad para comenzar a exportar. Ya estamos en negociaciones para empezar a hacerlo hacia algunos países centroamericanos, pero queremos ir despacio".

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Constructores piden asegurar el suministro de insumos

2010-10-06T19:20:00.000-07:00

La Cámara Venezolana de la Construcción reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno para resolver el déficit de vivienda, como ha propuesto el presidente Hugo Chávez en los últimos días, pero indicó que es necesario diseñar una estrategia de largo plazo para enfrentar el problema.

Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, dijo que se requiere un plan para atacar las dificultades que afrontan los constructores de vivienda, como la caída en el suministro de insumos. En 2010 se ha reducido 45% la oferta de acero y 12% la de cemento.

El sector también tiene problemas con la provisión de materiales importados, como ascensores y repuestos para maquinarias, porque la asignación de divisas vía Cadivi o el Sitme-, es lenta e insuficiente.

Otros aspectos que debe tomar en cuenta la estrategia según Juan Francisco Jiménez son el financiamiento, la seguridad jurídica y las relaciones laborales. "Son temas en los que se deben llegar a acuerdos".

Jiménez aseguró que, con un plan adecuado, se puede alcanzar la meta de construir 200.000 viviendas anuales. La mitad para atender el crecimiento de la población y el resto para reducir el déficit existente.

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1,5 millardos de dólares sirven para 32.250 viviendas

2010-10-05T14:56:00.000-07:00

El presidente Hugo Chávez ha dedicado varios de sus recientes discursos al problema de la vivienda: invitó a los constructores privados a trabajar juntos, anunció la expropiación de galpones en el oeste de Caracas para edificar casas e implementó un plan de emergencia a través del cual el Gobierno invertirá 1,5 millardos de dólares en el sector.

La inversión anunciada, sin embargo, no alcanza ni siquiera para construir las 130.000 viviendas que se requieren cada año en Venezuela para compensar el crecimiento de la población. Mucho menos para atender el déficit acumulado en el país en las últimas décadas, que organismos públicos y privados calculan en 2 millones de unidades.

El costo actual de construcción de cada vivienda está alrededor de 200.000 bolívares, reconoció Chávez en la rueda de prensa realizada la semana pasada con corresponsales extranjeros. De manera que la inversión de 1,5 millardos de dólares, equivalentes a 6,45 millardos de bolívares, sólo alcanza para edificar 32.250 unidades.

En el supuesto de que las viviendas costasen 100.000 bolívares, precio que el mandatario considera más justo, el número de unidades que pudieran construirse con los recursos del plan de emergencia se duplica hasta 64.500. Esa cifra también es insuficiente, porque representa menos de la mitad de lo que se necesita construir cada año para que el déficit no crezca.

En el actual gobierno nunca se han alcanzado las metas de construcción. La situación ha empeorado en los últimos años, por factores como la reducción del gasto público, los ataques contra la propiedad privada y la eliminación del cobro de cuotas relacionadas con el índice de precios al consumidor en los contratos de preventa.

En el primer semestre de 2010 se terminaron 26.000 viviendas, según cifras oficiales, lo cual representa una caída de 45% con respecto a igual período del año pasado. También retrocedió el número de unidades en construcción hasta 103.000, un descenso de 11%.

La cantidad de viviendas paralizadas después de haberse empezado o sin iniciar pese a que tienen permiso para hacerlo, en cambio, subió. La primera se ubica en 27.000, un incremento de 11%; mientras que la segunda está en 149.000, un alza de 26%.

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Gasto público subirá más de 10% el proximo año

2010-10-02T15:00:00.000-07:00

El Ministerio de Planificación y Finanzas continúa evaluando las propuestas para la elaboración del presupuesto de 2011. Hasta ahora lo único que parece claro es que habrá un incremento superior a 10% en el monto inicial del gasto público, para llevarlo a 180 millardos de bolívares.

La cantidad crecerá a medida que transcurra el año, porque la subestimación del precio petrolero –que se mantendrá en el presupuesto de 2011– generará recursos extraordinarios, que se incorporarán al gasto a través de los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.

El Gobierno ha subestimado el valor del crudo en los últimos años para disminuir el aporte legal del Fisco a las regiones y manejar a discreción los ingresos extraordinarios.

Para 2010, por ejemplo, el gasto público se calculó en 159 millardos en el presupuesto aprobado en diciembre pasado. Pero hasta la fecha asciende a 193 millardos de bolívares.

Sobre las premisas macroeconómicas que regirán el documento de ingresos y gastos de la nación, lo único que parece definido es mantener el tipo de cambio dual.

Fuentes vinculadas con el despacho de Planificación y Finanzas indicaron que hubo una propuesta para unificar la paridad cambiaria en 4,3 bolívares por dólar, pero no tuvo consenso.

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Créditos adicionales suman 34 millardos

2010-09-30T07:40:00.000-07:00

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer 3 solicitudes de créditos adicionales por un total de 151 millones de bolívares, para llevar el monto de recursos extrapresupuestarios autorizados en lo que va de 2010 hasta 34,1 millardos de bolívares.

La mayoría del dinero aprobado será para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que recibirá 113 millones de bolívares. Los recursos serán transferidos al Fontur para cancelar a los transportistas el subsidio por el pasaje preferencial estudiantil.

Para la Vicepresidencia Ejecutiva de la República se autorizaron 20 millones de bolívares que se destinarán a atender cuestiones sociales peticiones de ayuda en materia de educación, salud y vivienda, afirmó el diputado Wilfredo González y cubrir deficiencias presupuestarias.

El crédito fue objetado por los diputados opositores Hermes García y Luis Ángel Díaz.

"Debería especificarse qué casos se atenderán con los recursos", dijo el primero. "¿Por qué la Vicepresidencia tiene que dar educación, salud y vivienda? ¿No hay órganos encargados de esas áreas?", preguntó el segundo.

La tercera partida extra de 17,9 millones de bolívares será para el Gobierno del Distrito Capital, que utilizará los fondos en el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos de Caracas. La Comisión de Finanzas también dio el visto bueno a 3 traslados de créditos presupuestarios.

También se aprobaron las condiciones financieras de una operación de endeudamiento que realizará el Ejecutivo con la Corporación Andina de Fomento, por 165 millones de dólares, para terminar de construir la planta Termozulia III.

En cuánto a la ley de la actividad bancaria, una de las prioridades de la Comisión de Finanzas para el segundo período de sesiones, el diputado Simón Escalona dijo que todavía revisan propuestas para terminar el anteproyecto. Y aunque la instancia estará bastante ocupada con las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2011, Escalona aseguró que la legislación bancaria será aprobada antes de diciembre.

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Crisis financiera internacional hizo retroceder la libertad económica

2010-09-29T07:41:00.000-07:00

La libertad económica retrocedió por primera vez desde 1980 debido a que la mayoría de los gobiernos respondió a la crisis financiera global desatada en 2008 con "más regulaciones, crecimiento del gasto público financiado con deuda y una política de cambios constantes que genera incertidumbre al sector privado", según el informe del Fraser Institute de Canadá.

"Los países del mundo debilitaron la libertad económica y perjudicaron el crecimiento a futuro al reaccionar al declive de 2008 con una expansión del crédito y de las políticas regulatorias", agrega Rafael Alfonso, presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, encargado de difundir el informe en Venezuela.

Los 141 países evaluados por el Fraser Institute para elaborar el Índice de Libertad Económica recibieron un promedio de 6,67 en una escala que va del 1 al 10- durante 2008, año más reciente para el cual hay datos disponibles. La cifra representa una disminución de 7 centésimas con respecto al puntaje de 6,74 registrado en 2007.

La institución compara la situación actual con lo sucedido después de 1929. "Durante la década de 1930, políticas perversas transformaron una recesión cíclica normal en una era de 10 años de dificultades y sufrimiento. A pesar de ello, la Gran Depresión llevó a una mayor regulación gubernamental y a una reducción de la libertad económica".

Y aunque señala que la crisis del presente es mucho menos severa que la de entonces, insiste en que las causas y las respuestas son similares. La duda es si los resultados serán los mismos. "Estamos ahora en medio de un gran debate sobre ese tema. La publicación del Índice de Libertad Económica es un aporte".

Destacan los pequeños. Para la elaboración de su informe, el Fraser Institute toma en cuenta el tamaño del gobierno (gasto, impuestos y compañías públicas); el sistema legal y las garantías al derecho de propiedad; el acceso al dinero; la libertad de comercio internacional y las regulaciones en materia crediticia, empresarial y laboral.

Al promediar la puntuación alcanzada en cada una de las 5 áreas evaluadas, se obtiene el Índice de Libertad Económica de un país. En la edición actual, Hong Kong logró el mejor resultado con 9,05 puntos. Le siguieron Singapur (8,70), Nueva Zelanda (8,27), Suiza (8,08) y Chile (8,03). Todos los demás registraron promedios por debajo de 8.

Entre las 20 economías con más libertades, sólo hay 4 de las más grandes del mundo: Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. Las 16 restantes son relativamente pequeñas. Además de las 5 que encabezaron el índice, están Islas Mauricio, Irlanda, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Eslovaquia, Bahrein, Finlandia y Chipre.

Otros países que figuran entre los más desarrollados estuvieron más abajo en el índice: Alemania y Japón compartieron la posición 24; Francia se colocó en la 35 e Italia en la 66. Los grandes mercados emergentes tuvieron resultados negativos: China y Suráfrica empataron en el lugar 82, Rusia consiguió el 84, India el 87 y Brasil el 102.

Resultados dispares. En América Latina los resultados del Índice de Libertad Económica son muy disímiles. La mejor muestra de ello es que en la región conviven el país con la quinta calificación más alta (Chile) y la nación con la cuarta puntuación más baja (Venezuela).

Los mejores números, en general, fueron ganados por los países centroamericanos. Costa Rica ocupó la posición 27; El Salvador estuvo un puesto más abajo; Panamá figuró en el lugar 30; Honduras subió al escalón 39 y Guatemala se ubicó 51. Belice en el 62 y Nicaragua en el 65 cerraron el grupo.

Las naciones con menos libertades en la región están en Suramérica. Además de Venezuela, que ocupó el peldaño 138 entre 141 países evaluados por el Fraser Institute, están Argentina (114), Ecuador (109), Bolivia (104), Brasil (102), Colombia (101), Guyana (99) y Paraguay (86).

Por los suramericanos sacaron la cara, además de Chile, Perú (32) y Uruguay (62). Entre los países caribeños destacaron Bahamas (45), Jamaica (46) y Trinidad (51). Otros como Haití (78), Barbados (94) y República Dominicana (97) no obtuvieron resultados tan favorables. México ocupó el lugar 69.

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Deuda repuntó tras resultado electoral y el riesgo país bajó

2010-09-28T15:04:00.000-07:00

El hecho de que la oposición lograra más de un tercio de los escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones del domingo fue interpretado como una buena señal por los mercados internacionales, donde el precio de los títulos de la deuda pública repuntó ayer.

El bono Global 27, el más líquido de los papeles emitidos por Venezuela, subió 2,75 puntos básicos para llegar a 73,25%; mientras que el Global 34 registró el mayor ascenso al sumar 3,25 unidades y cotizarse a 69%. El resto de los títulos de la república ganó entre 1,5 y 2,5 puntos.

El precio de los bonos de Petróleos de Venezuela, que prevé lanzar una emisión en los próximos días, también se vio favorecido por los resultados de las elecciones parlamentarias. Los papeles de la compañía estatal ganaron entre 0,25 y 2,35 puntos básicos.

Fuentes del mercado aseguraron que ayer la deuda pública venezolana tuvo su mejor jornada desde enero de 2010, cuando la devaluación de la moneda alejó los temores de un colapso en las cuentas gubernamentales e impulsó al alza el precio de los títulos del país.

El repunte de los bonos se debe, esta vez, a que los inversionistas consideran que una Asamblea Nacional más balanceada ejercerá un mayor control sobre el manejo del presupuesto gubernamental y la emisión de deuda pública, dijeron operadores.

Los resultados electorales también le revelan al mercado internacional que al presidente Hugo Chávez le costará un poco más imponer el modelo socialista e incluso que el mandatario puede ser derrotado en los comicios de 2012, en los que tratará de reelegirse por tercera vez.

El comportamiento de los papeles influyó en el riesgo país de Venezuela, que según la agencia Reuters disminuyó 24 puntos básicos ayer para llegar a 1.153 unidades. Sin embargo, el indicador continúa siendo alto al compararse con otros países de América Latina.

Bolsa estancada. A diferencia de los mercados internacionales, la Bolsa de Valores de Caracas mantuvo su comportamiento de las últimas semanas en la primera jornada luego de los comicios parlamentarios.

El corro capitalino permaneció ayer en 66.074,91 puntos, el mismo valor del viernes 24 de septiembre, a pesar de que se registraron 4 operaciones y se negociaron 1.512 títulos.

El sector bursátil está en ascuas tras la promulgación de la Ley del Mercado de Valores, que prohíbe a operadores privados realizar transacciones con títulos de deuda pública nacional e impone otras limitaciones.

La tardanza de la Superintendencia Nacional de Valores en dictar las normas necesarias para que se concreten los cambios previstos en la legislación también ha contribuido a estancar el mercado.

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Nueva Asamblea Nacional legislará en medio de un escenario recesivo

2010-09-27T07:12:00.001-07:00

El panorama económico en que comenzará a legislar la Asamblea Nacional escogida ayer es poco alentador. Aunque el Gobierno habla de recuperación, lo más probable es que en 2010 el producto interno bruto cantidad de bienes y servicios que genera el país se contraiga por segundo año consecutivo y el índice de precios al consumidor se incremente alrededor de 30% otra vez.

La recesión acumula 5 trimestres seguidos y se siente con más fuerza en sectores como minería, con una caída promedio de 12,5% durante el período, según el Banco Central de Venezuela; comercio (-9,9%); transporte (-9,8%); manufactura, (-7,4%); petróleo (-6,1%); banca (-4,8%); construcción (-2,9%) y servicios inmobiliarios y empresariales (-2,6%).

La inflación, un problema crónico en el país desde hace más de tres décadas, ha mantenido una variación anualizada superior a 24% desde enero de 2008. Entre los rubros que se han encarecido más en los últimos 12 meses figuran bienes y servicios diversos con 41,1%; alimentos y bebidas con 38,6%; esparcimiento y cultura con 30%; y equipamiento del hogar con 27,6%.

Ese ciclo que mezcla caída del PIB con aumento de los precios que los especialistas llaman estanflación, el peor de los escenarios posibles para una economía se ha repetido en Venezuela cada vez que cae la cotización del petróleo. El agravante, en esta ocasión, es que el problema continúa a pesar de que el valor del crudo ha repuntado.

Los principales organismos multilaterales coinciden en que Venezuela y Haití serán los únicos países del continente que seguirán en recesión en 2010. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prevén una contracción de 2,6% para el país; mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe espera una caída de 3%.

Firmas especializadas, gremios empresariales y académicos tampoco auguran buenos resultados para Venezuela este año. Ecoanalítica calcula que el PIB retrocederá 2,4% y Fedecámaras habla de una caída de entre 4,5% y 5%. Para Sary Levy, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, el descenso será de 4%.

Hay quienes opinan, además, que la recesión continuará en 2011. La semana pasada, un grupo de 26 economistas publicó un documento en el cual advierten que la única vía para que haya una recuperación sólida en el país es un cambio de rumbo en las políticas gubernamentales que permita que los inversionistas vuelvan a confiar en Venezuela.

Propuestas para crecer. José Manuel Puente, economista y profesor del IESA, considera que las acciones necesarias para que Venezuela recupere el camino del crecimiento sostenido deben atacar las causas principales de la situación actual: inconsistente política económica (especialmente cambiaria), hiperregulación del mercado y expropiaciones masivas.

"Si identificamos esos como los principales problemas, podemos concluir cuáles son las soluciones: implementar una política económica coherente, destrancar el mercado cambiario, suavizar las regulaciones y detener las expropiaciones", dice. Eso permitirá, entre otras cosas, la recuperación de la inversión privada, clave para volver a crecer.

Levy señala que la reactivación a largo plazo requiere que se detenga el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central de Venezuela, que se respete la propiedad privada y otros derechos económicos consagrados en la Constitución, y que se fomente la participación de todos los sectores productivos.

Agrega que la Asamblea Nacional puede contribuir al logro de estos objetivos si promueve leyes para devolver la autonomía al BCV, fortalecer los derechos de propiedad y promover las inversiones, que son la principal fuente generadora de producción y empleo en el mundo. "Son los elementos que sentarán las bases para la recuperación económica.

Para Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, no puede esperarse un cambio sustancial de la política económica porque el Parlamento tenga una conformación diferente. "Venezuela es un país de tradición presidencialista desde mucho antes de que Chávez llegase al Gobierno. El Poder Legislativo tiene muy poco peso en la toma de decisiones económicas".

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Recuperar las empresas básicas cuesta 6 millardos de dólares

2010-09-26T07:38:00.000-07:00

La recuperación del nivel de agua del río Caroní permitió al Gobierno suspender el racionamiento eléctrico que impuso en diciembre del año pasado a las empresas básicas de Guayana. Pero el suministro pleno de energía es insuficiente para que las industrias vuelvan a producir a máxima capacidad.

La suspensión de líneas de producción por carencia de insumos, y la paralización de maquinarias por falta de recursos y repuestos para repararlas, impiden que la elaboración de acero y aluminio regrese siquiera al nivel en que estaba antes del recorte del suministro de electricidad.

Leonardo Calderón, director laboral de Venalum, aseguró que el deterioro de las empresas básicas –que se debe no a la crisis financiera global o el racionamiento eléctrico, sino a la mala gestión gubernamental– es tan grande que se requiere invertir alrededor de 6 millardos de dólares para recuperarlas.

Solamente en Venalum, que actualmente produce a 45% de su capacidad, se necesitan más de 300 millones de dólares. Calderón precisó que de sus 905 celdas de producción 261 deben ser reacondicionadas (a un costo de 430.000 bolívares cada una) y 151 reiniciadas (con una inversión de 60.000 bolívares por celda).

La empresa también requiere 145 millones de dólares para la adecuación tecnológica de los rectificadores de alto voltaje, 87 millones de dólares para el reacondicionamiento del horno 48-II y 54 millones de dólares para poner de nuevo en funcionamiento el molino de bola número 1. Todos esos equipos son necesarios para producir a total capacidad.

En Carbonorca, que produce ánodos para la industria del aluminio, también se usa en la actualidad 45% de la capacidad instalada. La inversión para la adecuación tecnológica de la empresa, sin embargo, es menos cuantiosa: 150 millones de bolívares.

Menos favorable es la situación de Alcasa. La obsolescencia tecnológica de la planta hace que su recuperación bien sea para producir aluminio primario, como antes, o para convertirla en una planta de bienes terminados, como pretende el Gobierno requiera una inversión multimillonaria.

Sin cuentas claras. Para los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco es más difícil calcular cuánto se requiere para llevar la producción al máximo por "la manera anárquica" como se maneja la empresa desde su estatización en 2008. "Sabemos que hay grandes necesidades, pero son incuantificables", aseguró José Jiménez, director laboral de Sidor.

Denunció que a estas alturas del año la alta gerencia de la empresa todavía no ha presentado el balance financiero de 2009 ni el presupuesto de inversiones para 2010. "Su lema parece ser como vaya viniendo, vamos viendo. Se limitan a hacer lo indispensable para que la siderúrgica se mantenga en actividad".

José Luis Alcocer, representante del movimiento sindical Unidad Matancera, afirmó que el principal obstáculo para lograr la reactivación de Sidor es la falta de voluntad de las autoridades designadas por el Ejecutivo. "No hay interés en realizar las inversiones necesarias".

La consecuencia es que la producción de Sidor retrocedió desde un máximo de 4,3 millones de toneladas en 2007 último año en que fue manejada por el consorcio argentino Techint a 3,6 millones de toneladas en 2008 y 3,1 millones de toneladas en 2009.

Meta inalcanzable. A pesar de que la producción de Sidor en los primeros 8 meses del año apenas superó 900.000 toneladas, por el racionamiento eléctrico, el ministro de Industrias Básicas, José Khan, ha dicho que la planta producirá 3 millones de toneladas en 2010.

Alcocer señaló que la meta es inalcanzable porque el inventario de insumos es reducido y muchas maquinarias están fuera de servicio. "La reactivación del suministro eléctrico es insuficiente. Reto al ministro Khan a debatir en los portones de Sidor sobre el tema".

Jiménez agregó que, incluso si la empresa operase 100% en lo que resta del año, la producción no superará 2,2 millones de toneladas. Pero aclaró que es imposible funcionar a máxima capacidad porque no hay recursos para comprar insumos y reparar las maquinarias.

La escasez de dinero es tal que la empresa vende productos primarios como pellas y hierro de reducción directa para financiar sus operaciones cotidianas. "Sidor no está para vender eso. Son insumos que utiliza para producir otros bienes de más valor agregado", destacó Jiménez.

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El Gobierno ha ejecutado 69% del presupuesto

2010-09-25T07:25:00.000-07:00

Los desembolsos gubernamentales correspondientes al presupuesto de 2010 sumaron 133,1 millardos de bolívares hasta el 16 de septiembre, según la Oficina Nacional del Tesoro. Eso significa que la administración pública ha ejecutado 69% del gasto previsto para este año, que en la actualidad se ubica en 192,4 millardos de bolívares.

El Gobierno calculó inicialmente egresos de 159,4 millardos de bolívares, pero la diferencia entre el precio promedio de la cesta venezolana de petróleo y derivados en lo que va de 2010 (69,4 dólares por barril) y el valor asignado en el presupuesto (40 dólares por barril) han permitido la aprobación de créditos adicionales por 33 millardos de bolívares.

El presupuesto crecerá aún más en los próximos meses. En el último trimestre del año se realizan erogaciones importantes, como el pago de aguinaldos a los trabajadores del sector público, y varios ministerios tendrán que solicitar recursos extras para cubrirlas. Tal es el caso de los despachos de Alimentación y Trabajo, que han consumido más de 90% de sus asignaciones.

Carteras como Transporte y Comunicaciones y Vivienda y Hábitat, en cambio, han gastado menos de 5% de los recursos que heredaron del Ministerio de Obras Públicas (dividido este año). También muestran una ejecución baja el despacho de Industrias Básicas (16%), la Contraloría (22%) y la Procuraduría (27%).

Menos de lo esperado. Los ingresos percibidos por el Fisco hasta el 16 de septiembre sumaron 153,1 millardos de bolívares, cantidad suficiente para cubrir los gastos ejecutados hasta ahora pero inferior al objetivo de 159,4 millardos de bolívares previsto para la fecha.

La recaudación de impuestos y la renta petrolera, aunque también han estado por debajo de la meta, han proporcionado casi 70% de los recursos que le han entrado al Gobierno. La primera suma 69,9 millardos de bolívares (45,6%) y la segunda 36,4 millardos de bolívares (23,8%).

El endeudamiento público mediante emisiones de bonos o contrataciones de préstamos con organismos internacionales ha aportado 27,2 millardos de bolívares (17,8%) y los ingresos extraordinarios han contribuido con 19,3 millardos de bolívares (12,6%).

Los ingresos por gasolina y derivados del crudo llegan a 279 millones de bolívares, 0,2% del total obtenido por el Fisco y 26% de la meta fijada en la Ley de Presupuesto.

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